Moscoso apoya indemnizar a víctimas de la dictadura

La presidenta Mireya Moscoso estimó justo y necesario indemnizar a los familiares de las víctimas de la dictadura militar e instó al Ministerio Público a abrir las investigaciones correspondientes para determinar quiénes fueron los responsables de la desaparición y muerte de 110 personas entre 1960 y 1989.
Moscoso, quien participó junto a los miembros de su Gabinete en una misa para recordar a los desaparecidos durante la dictadura, aseguró que es justo para quienes sufrieron la desaparición de algún pariente durante los años de la represión, recibir algún tipo de compensación y añadió que personalmente contribuye con familiares de desaparecidos en el área de Chiriquí.
La mandataria también se mostró dispuesta a extender el período de vigencia de la Comisión de la Verdad, debido a que aún existen trabajos de excavación por realizar y labores de identificación de restos humanos encontrados en diversos puntos del país.
Aseguró que el informe elaborado por la Comisión de la Verdad y que le fue entregado ayer, debe ser difundido ampliamente para que la juventud conozca los actos atroces cometidos por la dictadura.
Indicó que aquí no se trata de buscar un revanchismo, sino de aplicar justicia en aquellos casos en donde ha habido impunidad y hayan evidencias suficientes para abrir una investigación por parte del Ministerio Público.
En tanto, el sacerdote Fernando Guardia, quien concelebró la misa con monseñor José Dimas Cedeño y Manolo Blanquer, aseguró que la actuación de la Comisión de la Verdad tiene una resonancia religiosa porque se ha trabajado en buscar la verdad, que es un postulado cristiano.
Guardia, quien estuvo a cargo de la reflexión sobre las acciones realizadas por la Comisión de la Verdad, estimó que ahora corresponde al Ministerio Público hacer su parte y que la búsqueda de la justicia debe efectuarse sin matices de carácter político.
Señaló que es necesario aprender de la historia para madurar y no cometer los mismos errores del pasado. También instó a los familiares de los desaparecidos a no cesar en su empeño por establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Por su parte, Federico Britton, miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), dijo que dentro del informe existen evidencias concretas de la complicidad del gobierno de Estados Unidos en las desapariciones ocurridas, e incluso hay documentos en donde los norteamericanos felicitaban a los militares panameños por estos hechos.
Britton cuestionó que dentro de los documentos desclasificados no existen datos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Brigada 470 de servicio en Panamá durante la presencia militar norteamericana.
En su intervención, Britton solicitó a la presidenta Moscoso la designación del 9 junio como el día del desaparecido, además de la creación de una fiscalía especializada para la investigación de estos casos.
En tanto, dentro del informe entregado ayer la Comisión de la Verdad recomendó la reapertura de aquellos casos investigados por los comisionados en donde se aportan nuevos elementos de convicción.
También el documento establece una reparación moral y material para los familiares de los desaparecidos, en base a los daños sufridos. Además que se perfeccione jurídicamente la ley que reorganizó la Policía Nacional, para asegurar que su dirección y desarrollo permanezca en manos de civiles.
Durante la vigencia de la Comisión de la Verdad se hicieron trabajos de excavación en 35 puntos en diferentes parte del país, como Panamá, Chiriquí, Coclé, Coiba y Bocas del Toro.
En el informe se establece que entre los casos cuyo misterio ha comenzado a develarse se encuentran la desaparición de Teodoro Palacios Hurtado y Encarnación González, de quienes inicialmente la Guardia Nacional aseguró habían muerto en combate, pero en un documento del G-2 entregado a miembros de la comisión se establece que ambos fueron capturados y que uno de ellos dio detalles sobre la resistencia armada y su fallecimiento se reportó dos días después del informe.
A la vez se revela en la documentación la colaboración de autoridades norteamericanas con el gobierno militar en el suministro de equipo y material bélico para combatir a los supuestos guerrilleros.
Por otro lado, se obtuvo un documento de la Embajada de Estados Unidos en donde se establece que los grupos guerrilleros habrían infringido entre 99 a 100 bajas a los miembros de la Guardia Nacional.