A su juicio, la mandataria está obstaculizando las funciones de la Asamblea Legislativa y por vía de consecuencia interviniendo en la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez, en la medida en que se meta en el Tribunal Electoral tendrá un impacto negativo sobre el funcionamiento de este organismo.
El hecho de que nos encontramos en un estado de derecho muy imperfecto, de normalidad democrática, muy cuestionada por la corrupción y las interferencias del Ejecutivo, es lo que le permite salirse con estas acciones sin pagar el precio que la ley señala que debiera pagar.
Arias Calderón considera que la presidenta está poniendo obstáculos al funcionamiento de la Asamblea, a la cual ha presionado y chantajeado con el presupuesto del año pasado y el uso de fondos para lograr votos.
Manifiesta que no conforme con nombrar magistrados en la Corte Suprema que no son independientes, ha elegido subordinados que le hacen los trabajos que ellas quieren que le hagan, lo que no permite que el Organo Judicial funcione con el respeto de la opinión pública.
Sustenta sus apreciaciones en que la Constitución Nacional prohibe al presidente y los vicepresidente obstaculizar el ejercicio de las funciones que tiene la Asamblea y los otros organismos del poder público, establecido en el artículo 186 de la numeral 2, que hace responsable "al presidente y al los vicepresidentes de la República por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral por impedir las reunión de la Asamblea Legislativa, por obstaculizar el ejercicio de sus funciones y de los demás organismos y autoridades públicas".
“El amparo de los desplazados ha sido la comunidad indígena”, dijo un colombiano que llegó allí hace casi cinco años y aún no tiene estatus de refugiado.
Como él, está casi toda la comunidad extranjera, que no puede movilizarse hacia otras poblaciones, muchas veces ni a buscar atención médica porque la Policía Fronteriza no les permite el paso por los retenes.
Punusa, fundada en la década del 70 por los indígenas, se ha convertido en una comunidad receptora, que aplica una ley primaria para poder convivir en relativa armonía con los desplazados.
Alquíneo Jome, líder indígena, informó que ellos les dieron terrenos en su comarca a los colombianos y también trabajo en sus fincas, a las que llaman “montes”.
“No es que los indios sean ´pegados´, pero a mí me gusta lo correcto”, señala Jome, refiriéndose a que todos deben regirse por su ley, lo que permite la convivencia pacífica entre ambas etnias, que no es usual en otras comunidades indígenas.
Como buen líder, insistió una y otra vez, mientras trataba de arreglar un motor, en que su gente muere en los botes cuando se enferma, debido a que no cuentan con uno nuevo para uso de la comunidad.
Relató que hace pocos días una mujer dio a luz en el bote a sus mellizos. Ambos murieron. No podían avanzar mucho porque la llevaban desde Punusa a Boca de Cupe (cinco horas con motor) a punta de remo.
Y eso no es todo. Trasladarse de Punusa a Boca de Cupe cuesta unos B/.60.00, lo que es un gasto exorbitante para personas de tan precarias condiciones económicas.
El indígena hizo un llamado al legislador Sergio Tócamo para que les ayude a conseguir un motor, con el cual se beneficiaría toda la comunidad, además de una planta eléctrica. Otra inquietud de indígenas y desplazados es que la Policía insiste en que todo aquél que vive después de Boca de Cupe (hay 7 comunidades más hasta la frontera) es colaborador de la guerrilla.
Como consecuencia de esa premisa, ni los panameños ni los colombianos pueden comprar comida ni ropa en El Real o en Yaviza para llevar a Punusa, como tampoco aceite o sal, porque se piensa que es para la guerrilla.
Tanto es así que una joven fue torturada por la Policía, que la acusaba de guerrillera. Le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y casi muere asfixiada. No volvió a salir de Punusa por estar aterrorizada.
Si los nativos transportan en sus botes a algún desplazado, tienen problemas con los agentes policiales, sin importar que ese desplazado esté enfermo o tenga una cita médica en Boca de Cupe.
El Panamá América pudo comprobar que en esa población hay dos personas, entre éstas un menor de 14 años, que repentinamente quedaron paralizadas sin poder caminar. No saben a qué se debe su mal. Una es indígena y el joven es colombiano.
Contrariamente, los pobladores se quejan de que no hay seguridad policial cerca de su poblado y, por tanto, pueden ser presa fácil de los paramilitares. Ya se ha dicho que en Punusa conviven dos etnias con costumbres muy distintas. Pero una de ellas, la latina, se ha adaptado de manera muy particular al estilo de vida de su comunidad receptora.
Un ejemplo de ello son Nora y Pepe, una pareja que destila por sus poros amor y empatía, aún en las circunstancias aciagas que le ha tocado vivir.
Tienen cuatro hijos de 19, 7, 2 y un año de edad. Llegaron en 1997 a Darién, cuando la primera incursión masiva de desplazados. No tienen aún estatus de refugiados y por eso tienen a Punusa por cárcel.
Trabajan sus montes y complementan su alimentación con animales que logran cazar, como monos y conejos.
Su vivienda está construida a la usanza indígena, asentada sobre horcones y sin paredes ni divisiones, a excepción de un pequeño cuarto donde la ausencia de camas salta a la vista.
Tampoco hay letrina ni baño. El río Tuira suple esas necesidades.
Muy cerca de Pepe y Nora vive Víctor Vargas, abuelo de Kelly, quien junto a sus amiguitos Erica Paola y Christian, se mostró muy interesada en aprender a cantar los pollitos. Formaron un coro y practicaron la canción para no olvidarla.
Vargas también huyó de Río Ciego (que desemboca en Salaquí), Colombia. Vivía tranquilo en su finca donde criaba puercos, gallinas y vacas.
Un día, el 24 de febrero de 1997, empezaron los bombardeos del ejército a la comunidad. La tierra temblaba y con ella los pobladores.
Fueron evacuados hacia Pavarandó en Antioquia. Pasado un tiempo, el gobierno llegó a un acuerdo con los evacuados y regresaron a sus tierras, sólo para encontrarse en un lugar totalmente inseguro.
Los paramilitares incursionaron, mataron a algunos y saquearon sus fincas. Decidieron salir en burros. Su esposa no aguantó. Estaba recién operada y murió. Fue sepultada en un pueblo cercano.
Se encaminaron a Darién y se introdujeron en la trocha del río Susugantí, que llega a Punusa, recorrida en parte por este medio.
Allí vive ahora, cinco años después, en calidad de refugiado temporal. “En silencio estamos presos”, dice en alusión a que no puede salir de la población a vender los productos que cosechan con tanto esfuerzo. Como alternativa los venden a la orilla del río, pero con resultados no muy halagüeños.
Allá en Punusa quedaron todos llevando un estilo de vida de supervivencia, pero convencidos de que sólo unidos, pese a las diferencias culturales, pueden lograr sobrevivir.
