La mandataria de Panamá, Mireya Moscoso, es la peor calificada de América Central, con un 20 por ciento, mientras que el presidente salvadoreño, Antonio Elías Saca, es el gobernante mejor evaluado, con un 57 por ciento de aprobación, según una encuesta divulgada ayer en Costa Rica.
El estudio fue elaborado por la Corporación Latinobarómetro, un organismo privado con sede en Santiago de Chile, donde también fue presentada ayer la encuesta, realizada del 21 de mayo al 29 de junio entre 19,605 personas de 18 países latinoa- mericanos.
El sondeo sitúa al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, con un 75 por ciento como el de mayor aprobación en América Latina, seguido por el de Chile, Ricardo Lagos, con 73, mientras que en el último lugar está el peruano, Alejandro Toledo, con apenas un ocho por ciento.
De Centroamérica, tras el salvadoreño Saca, figura el de Costa Rica, Abel Pacheco, en segundo lugar con el 50%, seguido por el hondureño, Ricardo Maduro (44), el guatemalteco Oscar Berguer (36), el de Nicaragua, Enrique Bolaños (30) y Moscoso con 20%.
El alcalde insistió a las autoridades de la CSS que de no poder cumplir con la demolición, le traspase este bien con título de propiedad al Municipio de Panamá, para que esa entidad pueda efectuar la demolición.
Un vocero de la CSS indicó que el 6 de julio pasado se efectuó la tercera licitación para contratar a la empresa que se encargará de demoler el Renta Cinco.
Precisó que en la primera licitación la Contraloría objetó al ganador por lo oneroso del costo de los trabajos, mientras que en la segunda no se presentó ningún proponente.
Mientras que en el tercer acto público sólo asistió un interesado, a quien en primer lugar se le había adjudicado la obra de demolición, pero fue invalidada porque presentó estados financieros pertenecientes al 2002 y no así al 2003, como señala la ley, explicó el vocero.
Dijo que luego de haberse efectuado tres actos públicos, la CSS está en la disposición legal de efectuar una contratación directa.
Manifestó que la decisión sobre la demolición será tomada por el nuevo director de la institución.
Si en la demolición ha existido desidia de las autoridades, en el desalojo y reubicación de las familias que ocupaban el lugar, tampoco ha faltado.
Unas 70 familias fueron desalojadas el 5 de julio del 2002, en medio de un choque entre residentes y miembros de la Policía Nacional, que efectuaron el desalojo por orden de la CSS.
A pesar de que se advirtió que primero había que reubicar a las familias que allí vivían, las autoridades no cumplieron y procedieron a sacar a niños, mujeres y hombres del inmueble.
Luego de varios meses de vivir en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, lugar donde fueron reubicados después del desalojo, cerca de 100 personas, 70 niños y 30 adultos, han tenido que buscar solución por cuenta propia y otros fueron recogidos por familiares.
Las promesas de las autoridades quedaron en el olvido.
