La presidenta Mireya Moscoso evitó profundizar ayer sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que niega una solicitud de suspensión temporal de la equiparación del contrato de la empresa Panama Ports Company y destacó que respeta esta decisión, por la separación de poderes entre los órganos Ejecutivo y Judicial.
Cuando los periodistas insistieron sobre el tema, la mandataria sostuvo que no hablaba sobre “bochinches”.
No obstante, para el abogado de Panama Ports, Enrique Jiménez, el fallo no tiene relación con el fondo del caso, que será resuelto luego de las exposiciones que harán varias figuras, entre ellas, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, en su calidad de custodia de los intereses del Estado.
El abogado se manifestó confiado de que los fundamentos adoptados al momento de otorgar la equiparación serán sustentados en lo que queda del proceso.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Javier Rivera, señaló que la falta de equidad existente en Panamá, que provoca que en un país pobre el Estado tenga que financiar las inversiones de las empresas privadas, es un asunto moral que debe llamar a la reflexión.
“Aquí, en un país donde las recaudaciones son bajas y los ingresos magros, el hecho de que las empresas le pidan al Estado que les financie sus inversiones es un tema que requiere una revisión, porque nuestro país no tiene esa capacidad”, consideró Rivera.
Aunque evitó evaluar lo actuado por la Sala Tercera de la Corte, que el pasado jueves negó la suspensión provisional de la equiparación a la empresa Panamá Ports Company, el empresario acotó que es importante, desde el punto de vista moral, examinar y evaluar lo actuado.
Explicó que como abogado respeta las actuaciones de la Corte, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, “pero más allá de eso veo el plano de simple necesidad de un país pobre, donde sus empresas quieran financiar sus inversiones con ese tipo exenciones, en el caso específico, los cánones de arrendamiento”.
Para garantizar la puesta en marcha de la inversión, sólo por presentar el proyecto, la ARI solicitó una fianza de 450,000 dólares.
Existe otra fianza de cumplimiento de la inversión por 781,000 dólares; y una tercera en concepto de arrendamiento por 356,000 dólares.
A la inversión se le dará un período de gracia de un año y probablemente la construcción duraría cerca de cinco años.
El período de edificación no está estipulado en los documentos entregados a la ARI; no obstante, los proyectos ya existentes han planificado sus estructuras en cinco años, por lo que se cree que La Brisas utilizaría este mismo esquema.
