Un proyecto de ley que pretendía modificar el artículo 2549-A del Código Judicial, se convirtió en la primera norma jurídica en ser vetada por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, después de haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa en sus tres debates correspondientes.
La Secretaría General de la Asamblea Legislativa recibió ayer el veto total al proyecto de ley, mediante el cual se establecía que la Corte Suprema de Justicia tendría un plazo de nueve meses para resolver los recursos de inconstitucionalidad.
Según la norma vetada, en el caso de que la Corte Suprema no resuelva estas consultas en dicho término, se entenderá que ha sido "rechazada" en pleno derecho, y el proceso continuará en el tribunal correspondiente.
La presidenta consideró que la norma aprobada es inconveniente e inexequible en su totalidad, además de ser inconstitucional.
Cuestionó al proyecto por establecer que toda consulta "no resuelta" en el término previsto será constitucional por "simple silencio judicial", lo que a su vez imposibilita que sea sometida a un nuevo análisis ante la Corte Suprema de Justicia.
El veto sostiene que tal situación impide a la Corte ejercer la facultad que le otorga el numeral 1 del artículo 203 de la Constitución Nacional de guardar la integridad de la Carta Magna, disposición que no le impone a este órgano del Estado un término de tiempo para resolver estas consultas.
Según el veto, el proyecto aprobado por los legisladores "atenta" contra el derecho de todo habitante de tener acceso a la jurisdicción legal a través de una decisión justa.
Raúl Ossa, asesor legal de la Asamblea Legislativa, explicó que el Ejecutivo sólo ha hecho uso de sus facultades constitucionales de vetar el proyecto que considere inconstitucional.
Indicó que ahora corresponderá a los legisladores decidir si acoge el veto o aprueba el proyecto por insistencia, después de las consideraciones del Ejecutivo y corregir el texto.
