La Organización Contra las Bases Militares (OCBAM) decide hoy la fecha de la movilización pública para protestar por la actitud pasiva asumida por el actual gobierno frente a la negativa de Estados Unidos de limpiar en su totalidad las áreas contaminadas con explosivos usados en prácticas militares.
OCBAM condena que el gobierno de Ernesto Pérez Balladares no haya exigido oportunamente la limpieza, y lo acusan de "total entrega a los dictámenes de las agencias estadounidenses financieras o de seguridad".
Sostiene la organización que agrupa a unas 17 agrupaciones, que la lucha por la descontaminación de las áreas afectadas con municiones no detonadas o por la realización de pruebas con "uranio empobrecido" y otros agentes tóxico-venenosos, han motivado a un gran sector de la población a exigir al gobierno una postura de dignidad frente al "intervencionismo estadounidense".
Indica que sólo la organización del pueblo hará posible obtener resultados positivos en esta lucha por la vida, pues los artefactos sin detonar y las sustancias químicas son un peligro para los ciudadanos.
Agrega OCBAM que hay unas 14 comunidades rurales ubicadas a lo largo de las riberas del Canal en inminente peligro de muerte o lesión por la presencia de pertrechos militares enterrados.
Algunos de los sitios contaminados que menciona la organización son la Isla San José, en el Archipiélago de Las Perlas; Isla Iguana, en Los Santos; un sector de Río Indio, limítrofe entre Coclé y Colón; Cerro Corro, en Chiriquí, y Río Hato.
La organización advierte además al futuro gobierno que toma posesión el 1". de septiembre que los grupos aglutinados en ella se opondrán a cualquier intento por prolongar la presencia de bases militares después del 31 de diciembre del presente año.
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