El Ministerio Público (MP) y sus fiscalías no es la primera vez que entran en desacato ante órdenes superiores, ya sea de tribunales o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como está sucediendo con la orden de desaprehensión del helicóptero Eurocopter N1626.
Ya en ocasiones anteriores, el MP y sus fiscalías no han acatado órdenes de instancias superiores y han decido mantener su postura rígida a no querer cumplir con estos mandatos.
Tal como sucedió ante una orden dictada el pasado 10 de mayo por parte del juez de garantías Justo Vargas, quien ordenó a la Fiscalía Especial Anticorrupción trasladar al exmayor de la Policía Nacional (PN) Alex Cedeño de La Gran Joya a la sede principal del Senafront, sin embargo, han hecho caso omiso a este mandato.
El fallo de Vargas se dio porque, a su juicio, por el cargo que Cedeño ocupaba dentro de las filas de la PN, su vida puede estar en peligro dentro de este centro penitenciario, sin embargo, el MP sin importarle esta situación no ha cumplido con esta orden.
Vargas señaló que el fiscal que ordenó el traslado del exmayor Cedeño a la Gran Joya se entremetió en una decisión tomada por el Tribunal de Garantías, argumento que no ha sido tomado en cuenta por la fiscalía, ya que Cedeño todavía se encuentra preso en este centro penitenciario.
Por su parte, en el caso de la Caja de Ahorros (CA), por el cual se encuentra detenido el presidente de NEXtv, Riccardo Francolini, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, decidió otorgarle a este último una fianza de excarcelación que fue apelada, pese a que la jueza criticó el abuso de la detención preventiva por parte del MP.
Ahora le corresponderá al Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá resolver la apelación en este caso, hecha por el fiscal Adecio Mojica Peña.
Frente a lo actuado por el MP y sus fiscales, el artículo 1932 del Código Judicial, en materia civil, señala que son culpables de desacato, "en general, los que durante el curso de un proceso judicial o después de terminado ejecuten hechos que contravengan lo ordenado en resolución judicial; y los que habiendo recibido orden de ejecutar algún hecho rehúsen sin causa legal obedecer al juez".
De acuerdo con el abogado y exprocurador de la nación Rogelio Cruz, cuando se cae en un desacato a una orden judicial, aparte de la sanción disciplinaria, también se podría hacer una investigación y un posible juzgamiento por el delito de abuso de autoridad.
Además, se podría hasta separar a los funcionarios que no han querido acatar una orden dictada por una instancia superior.
Cruz añadió que si la Corte o el Tribunal de Garantías no ponen un plazo para cumplir la orden dictada, esta tendría que ser cumplida de inmediato.
Por su parte, el abogado Roniel Ortiz indicó que ante la actitud tomada por el MP y sus fiscales, ya es hora de que la Corte, en respeto a la Constitución, les exija que cumplan con los mandatos que ellos como autoridades judiciales han ordenado.
Ortiz añadió que si ellos (fiscales) no cumplen con lo que la Corte y los tribunales ordenan, deben ser sancionados, ya que ellos no son autoridad judicial y tienen que respetar las decisiones judiciales que se toman.
A su juicio, la procuradora Kenia Porcell y los fiscales del MP no pueden estar haciendo interpretaciones en los casos que les toca actuar, ya que los que deben hacerlo son los jueces.
"Con la actitud tomada por el MP y sus fiscales en cuanto al tema de la liberación del helicóptero, el traslado del exmayor Cedeño de La Gran Joya al Senafront, etc., ellos están en pleno desacato, ya que deben cumplir con las órdenes superiores que se les ordenan", expresó Ortiz.
Argumento que es compartido por el abogado y exfiscal auxiliar Dimas Guevara, quien señaló que la Fiscalía Anticorrupción no debe esperar a que se le aplique una acción de desacato por no querer acatar la orden de desaprehensión de la aeronave Eurocopter con matrícula N1626L.
A juicio de Guevara, la fiscalía no debe mantenerse en una postura de no querer aplicar el mandato que dio la Corte de la "suspensión inmediata" de la aprehensión de un helicóptero a nombre de la sociedad Silver Wings Corp.
La decisión de la Corte se dio, luego de admitirse un amparo de garantías constitucionales, el cual dejó sin efecto la acción ejecutada por la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, mediante providencia del 30 de marzo de 2017.
En tanto, Ortiz añadió que esta situación que se está dando en el MP se terminará cuando en Panamá se nombre a un procurador independiente y que no responda solo a intereses políticos.
10
de mayo, el juez de garantías Justo Vargas ordenó el traslado de Cedeño al Senafront.
31
de mayo fue admitido el "habeas corpus" por parte de la Corte Suprema de Justicia.
