Todo parece indicar que el Ministerio Público (MP) tuvo su primer revés en los expedientes que se siguen contra funcionarios nombrados en la pasada administración.
Así se interpreta en la decisión que tomara la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, al decretar el sobreseimiento provisional del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza.
La jefa del Ministerio Público dijo en entrevista a Telemetro Reporta que se tomó esta medida por falta de pruebas.
"Cuando nosotros hicimos la investigación se pudo determinar que de los hechos denunciados e investigados, no se obtuvieron resultados", dijo Porcell.
La procuradora achacó la responsabilidad al Tribunal Electoral (TE) por los malos resultados obtenidos en el caso de Peñaloza.
Argumentó que el TE tenía el deber de fiscalizar y encontrar si hubo violaciones al Código Penal en los actos administrativos hechos por el fiscal Peñaloza.
Dijo que en las investigaciones no se encontraron evidencias que hayan dado crédito a que se cometió violación de tipo penal.
Porcell comentó que los argumentos que se señalan en la denuncia interpuesta contra Peñaloza y lo que se cotejó en las investigaciones indican que el fiscal electoral no cometió el delito de omisión de los deberes de los funcionarios.
Contra Peñaloza se presentaron dos denuncias. La primera fue interpuesta por el Colegio de Abogados y la otra por el dirigente del Partido Popular, Carlos Rubio.
La procuradora dijo que el sobreseimiento es provisional y contra esta orden hay la posibilidad de interponer un incidente ante la Sala Segunda de la Corte.
Por ser Peñaloza un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional, el proceso se manejó a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA).
El pleno de la Corte Suprema seleccionó a un juez de garantía, que en este caso es el magistrado Harry Díaz.
El martes, el expresidente de la República Ricardo Martinelli declaró que todos los procesos penales contra él y funcionarios de su gobierno se van a caer, porque están basados en pruebas "triviales".
Procesos
En el mes de agosto, el juez decimosexto de circuito, Ernesto Pérez, ordenó que fuesen liberados los exdirectores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
Sin embargo, ambos siguen detenidos porque la parte querellante apeló.
Lo mismo ocurrió con el periodista y abogado, Julio Miller, quien fue detenido por una semana y aunque existía la recomendación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que debía ser liberado por su condición de salud, no fue hasta cuando lo hospitalizaron que la fiscal de la causa determinó el reemplazo por una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
El expresidente Ricardo Martinelli cuestionó la existencia de coacciones y hasta de torturas, para lograr pruebas testimoniales en su contra; sin embargo, indicó que pese a estas presiones no hay cargos contra él.
El presidente Juan Carlos Varela antes de asumir el poder pidió la renuncia de Eduardo Peñaloza como fiscal electoral.
Juez aplica justicia selectiva al liberar a Pablo Ruiz Obregón
La decisión del Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal de Panamá, de reemplazar la detención preventiva por país por cárcel en favor del empresario Pablo Ruiz Obregón, ha generado críticas de parte de abogados que califican la acción como selectividad de la justicia.
Ruiz Obregón es esposo de la nieta del presidente vitalicio del diario La Prensa, Roberto Eisenmann.
El cuestionamiento de la justicia selectiva se debe a que este mismo juez, Leslie Loaiza, ha negado solicitudes semejantes de personas que son investigadas por los mismos procesos penales.
Un ejemplo es Poulett Morales, detenida desde hace tres meses, por el caso de las mochilas escolares.
A ella se le negó una solicitud de fianza, mientras que a Ruiz Obregón, involucrado en este mismo caso, fue favorecido con medida de país por cárcel.
Este mismo juzgado negó un incidente en favor de Mario Martinelli.
