Para el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, la ubicación del puente no fue la mejor, porque allí hay una falla geológica y hace que los accesos la sigan.
"En consecuencia, esto implica consideraciones especiales en materia de mantenimiento", dijo, advirtiendo que la inversión que se hizo en esa falla, donde se produjo el colapso e inundación de noviembre de 2006, costó B/.1 millón 300 mil a la Constructora Urbana en calidad de garantía.
Según Colamarco, por ahora el Estado no ha pagado nada porque la garantía vence el 31 de agosto. Por ello, preparan la licitación para el proceso de mantenimiento.
Al preguntarle si la falla podría representar gastos al Estado cuando no haya garantía, dijo que esto pasa con todas las carreteras.
"Salvo a que ocurra una contingencia imprevisible, lluvia peor que la de noviembre de 2006 o un terremoto, esa calzada debe resistir perfectamente bien, pese a la falla", dijo.
Por otro lado, tras detectar que las empresas constructoras locales están cerca del límite de su capacidad operativa, el ministro advirtió a estas compañías que serán sancionadas si descuidan la construcción de los proyectos adjudicados por el MOP.
"Estamos advirtiendo que tienen que cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de obra, y si se atrasan se procederá a la aplicación de las multas correspondientes que equivalen a un porcentaje del total de la obra", dijo.
Informó que ya ha impartido instrucciones a la Dirección de Inspección del MOP para que sea más exigente y emita las comunicaciones escritas a las que estén atrasadas.
Igualmente señaló que no todas las escuelas tienen el equipo y las instalaciones adecuadas para atender a los niños con necesidades especiales, por lo que el sistema se debe preparar adecuadamente para brindar una atención y educación eficiente, porque todos tenemos derechos a educarnos en un ambiente que pueda rendir los frutos que se desean.
Rosa Fernández, coordinadora del Magisterio Panameño Unido, fue más allá.
Fernández dijo que es preocupante que de repente salga un programa de inclusión que se vaya a implementar directamente y en forma totalitaria en las escuelas.
Señaló que tiene la convicción de que la inclusión siempre ha estado en las escuelas, pero con un aula especial. Lo que se ha hecho entonces es volcar a todos los niños a las aulas escolares sin prevenir algunos factores que pueden favorecer o desfavorecer al grupo en general.
Mencionó que actualmente se da el caso de que hay tres discapacitados en un salón y al grupo se le llama de estudiantes regulares. Si los chicos sanos tienen sus conductas particulares, imaginemos lo que puede suceder si el docente no está preparado para tratar a tres discapacitados al mismo tiempo.
Manifestó que en el camino se van a encontrar muchas fallas, pero si las autoridades se ciegan y creen que esto es lo máximo, sin prestarle atención a la persona que lo está aplicando, habrán extremos "y lo que menos se quiere es una radicalización ni de parte del gobierno, ni de los maestros", agregó.
Zonia Smith, viceministra de Educación, señaló que para evitar la sobre población en las aulas de clases la dirección de Educación Inclusiva ha realizado un diagnóstico por escuela y por región que permite detectar cuántos alumnos discapacitados se tienen en las aulas.
En cuanto a la estructura para atender a estos estudiantes, indicó que el MEDUCA viene haciendo inversiones desde el año pasado para habilitar los salones y también ubicar las rampas, bajo el diagnóstico de la dirección de Educación Inclusiva y otras instancias como el IPHE.
Por su parte, Eneida Ferrer, coordinadora técnica de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), reconoció que es un tema muy complejo y realmente "ningún ser humano está realmente preparado para una situación determinada".
