El Comité de Residentes de la Comunidad de Paya y Púcuro denunció ayer que a pesar del compromiso logrado con la presidenta Mireya Moscoso, ya se empezó el traslado de los pobladores a sus comunidades de origen, sin que exista la seguridad debida en el área.
Pretto Ayala, miembro del comité, explicó que desde ayer por órdenes de un capitán de apellido Estrada, se inició el traslado de estas personas que desde el ataque están refugiadas en la comunidad de Boca de Cupe.
Indicó que estas personas sienten mucho temor porque a dichas comunidades, sólo se han enviado unas sesenta unidades de la Policía Nacional, lo cual no es suficiente para garantizar la seguridad.
Ayala dijo que tampoco tienen alimentos, lo cual los obligaría a salir al monte a buscar sus provisiones y a la vez tendrían que enfrentar el riesgo de toparse con las minas que fueron sembradas por los paramilitares que atacaron estos poblados.
Expresó que la población mantiene el temor a ser víctima de un ataque y represalias por parte de los paramilitares, razón por la cual no quieren regresar a estos poblados.
Además afirmó que según un acuerdo logrado entre los pobladores de estas comunidades y la presidenta Moscoso, estas personas se quedarían en Boca de Cupe hasta el 20 de febrero, pero ahora sin que exista alguna justificación se les traslada.
Por su parte, Jaén aclaró que las nuevas reglas deben ser puntuales, porque en estos momentos parecen haber ciertos vacíos en torno a los precios y el inventario. Recordó que mientras operó la planta de refinamiento de combustible, estaban obligados a mantener un inventario de 19 días y esto es precisamente uno de los puntos que se discuten actualmente.
Pero más de allá de establecer qué compañía saldría beneficiada o perjudicada, es importante que el Gobierno sepa, qué mecanismos de control fijará, cuál es la calidad del productos que entrará al país y las garantías financieras de las empresas que entrarán al mercado, dijo Jaén.
Si el país no establece un ordenamiento específico, podría ocurrir una crisis como la de Brasil, país que con su apertura registró pérdidas por 1,000 millones de dólares en sus cuentas fiscales, recalcó el ejecutivo.
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