La Asociación Nacional de Mueblerías e Instituciones de Crédito aseguró que no han cometido fraudes, estafas ni lesiones contra el Estado y plantearon que la Fiscalía Segunda Anticorrupción debe seguir las investigaciones sobre la existencia de irregularidades en la ejecución de embargos y descuentos.
De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Mueblerías e Instituciones de Crédito, en varias publicaciones se aseguró que en una investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción ha quedado al descubierto un fraude a empleados públicos cometidos por jueces, dueños de mueblerías y financieras.
El documento establece que los miembros de la asociación no entienden por qué se cataloga de fraude las deudas de los clientes con los establecimientos que les dieron crédito, pues se le llama fraude a lo que los deudores dejaron de pagar a las empresas y cuyas sumas aún están sin cancelar.
También señalan que si para el cobro de estas deudas hubo que proceder mediante acción judicial, tampoco le corresponde cobro de comisión a la Contraloría, debido a que dicha comisión sólo procede en el trámite de los descuentos voluntarios autorizados por los funcionarios públicos de acuerdo a lo establecido en la Ley 92 de noviembre de 1974.
Aseguran que la tergiversación de los hechos llama poderosamente la atención porque no sabemos cuál es la intención, ni lo que se quiere perseguir con tantas publicaciones sensacionalistas, pues no basta que el fiscal en una providencia haga calificativos parecidos, bajo exposiciones que vienen de otras instituciones que dan su opinión sin autoridad para juzgar.
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