La muerte de la empresaria Cristina Gina García Eleta fue establecida como un homicidio culposo, donde el principal responsable es un miembro del Servicio de Protección Institucional (SPI).
El pasado 27 de noviembre, la Fiscalía Primera Superior remitió la vista fiscal del proceso de investigación al Segundo Tribunal de Justicia, donde se pidió en el escrito declinar competencia a la esfera de circuito penal.
Responsabilidad.
En la vista fiscal se detalla que luego de analizar los resultados de los peritajes balísticos y planimétricos efectuados durante la diligencia de reconstrucción del hecho de sangre, se pudo establecer que el disparo contra García se produjo desde el estacionamiento de la sucursal del IDAAN en Corozal.
La responsabilidad del disparo provino de una de las unidades del SPI, quien actuó, según lo examinado, en defensa del robo que se registró en la sucursal del IDAAN en octubre de 2007.
Esta acción policial del SPI permitió determinar que no se trata de un homicidio doloso.
Al conocerse la trayectoria del disparo, de la posición de las unidades del SPI, el fiscal Primero Superior, James Bernard determinó que no se trataba de un homicidio doloso y por ende, solicitó declinar su competencia a un tribunal circuital.
Para la abogada Guillermina McDonald, defensora de la familia García Eleta, la decisión adoptada en la vista fiscal es una estrategia para perder el tiempo, porque siempre se supo que la investigación se debió hacer en una Fiscalía de Circuito Penal.
En este caso permanecen sindicados por el delito de homicidio y robo, un total de 6 personas, entre ellas los asaltantes.
Uno de los miembros del SPI que estuvo el 19 de octubre en el lugar de los hechos, dijo que hizo dos disparos de advertencia al aire y otro contra el vehículo de los ladrones.
