El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, estaría violando la Constitución, a través de tres resoluciones que otorgan facultades a los directores de la Policía Nacional y de los servicios Nacional de Frontera (Senafront) y Aeronaval, a quienes se les da potestad de decidir la participación de la Contraloría General en los actos de selección de contratistas de estas entidades hasta por un cuarto de millón de dólares, afirmó el ex contralor Alvin Weeden.
Ayer se promulgó en Gaceta Oficialtres resoluciones que plantean la posible exclusión de la Contraloría en los actos de selección de contratista hasta por 250 mil dólares. Entre las justificaciones está que se hace “necesaria” la acción para agilizar los trámites de contrataciones en estas entidades para adquirir bienes, obras y servicios.
Las resoluciones firmadas por Mulino delegan en los directores “la facultad de solicitar la participación de la Contraloría General de la República en los actos de selección de contratista hasta la cuantía de 250 mil dólares; y en el jefe o jefa de compras” a realizar dichas invitaciones hasta la cuantía de 30 mil dólares, previa autorización del director.
¿Inconstitucional? Con estas resoluciones se estaría violando el artículo 280 de la Carta Magna, que rige las funciones de la Contraloría.
En el punto dos de ese mismo artículo se indica que entre las funciones de la Contraloría está “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley...”.
Weeden -quien dijo sentirse sorprendido- afirmó que se deben demandar por inconstitucionales ambas resoluciones.
“Estas resoluciones son violatorias a la ley y la Constitución, y se deben declarar nulas”, resaltó Weeden.
Asimismo, afirmó que Mulino “no tiene facultad legal” para decidir sobre la participación de la Contraloría de la República y además delegar esta acción en directores de entidades.
Mientras, el presidente del Comité Ecuménico, Pablo Morales, hizo un llamado a los funcionarios para que se acojan a las normas y manejen los fondos públicos con “transparencia”.
“Los procedimientos se crean para que se cumplan y los funcionarios por ley deben dar el ejemplo sobre el manejo transparente de los fondos”, puntualizó.
En estas resoluciones se agrega que las contrataciones directas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo de Gabinete o el Ministerio de la Presidencia, erogaciones de fondos y consultorías, serán atendidas por Mulino.
