La idea de volver a tener un centro de cumplimiento insular fue rechazada enfáticamente por el Ministerio de Gobierno y Justicia, toda vez que José Raúl Mulino, titular de esta institución, informara que ha enviado las observaciones legales sobre el anteproyecto de Ley No. 120, que adiciona artículos a la Ley 55 de 1 de octubre de 2003.
Las notas legales que trasmitió Mulino a la diputada Dana Castañedas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, indican que la primera razón para no avalar la existencia de una isla penal son los hechos ocurridos en Coiba en el año 1998, cuando se decapitaron a cuatro reclusos.
En tanto que resalta la carestía de precisión sobre las conductas delictivas que harían a una persona merecedora de una estadía en dicho lugar.
Aunque se propone utilizar los fondos provenientes de las incautaciones del Ministerio Público para cubrir los costos que represente su mantenimiento, según el ministro la medida no puede ser considerada porque estos dineros son usados para la ejecución de programas de prevención, tratamiento y represión.
Otra de las observaciones legales, emitidas por el titular de la cartera de Gobierno y Justicia, sostiene que un centro penitenciario insular limita el proceso de resocialización, puesto que se restringe la convivencia familiar, factor "indispensable en la rehabilitación social".
El proyecto presentado por el diputado Marco González, tampoco detalla si se está ante un penal destinado a reclusos del sexo masculino o femenino, tomando en cuenta que establece un listado de conductas coercitivas que pueden ser ejecutadas por personas de ambos sexos.
El representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, dejó claro que desde hace un mes, suministró dicha opinión legal a la comisión mencionada arriba, ante la posibilidad de volver a tener un centro similar a Coiba (años atrás).
