La embotelladora Coca Cola y AES de Panamá, propietaria de una empresa termoeléctrica, fueron multadas con B/.300 mil y B/.250 mil, respectivamente, por la Autoridad Nacional del Ambiente, al comprobarse que por negligencia contaminaron el ecosistema en la ciudad de Panamá.
El administrador de la ANAM, Ricardo Anguizola, detalló que Coca Cola fue multada por la reciente fuga de un colorante que tiño el río Matasnillo y parte de la Bahía de Panamá.
Agregó que AES de Panamá fue sancionada por el derrame de 3,500 galones de diesel ligero en la quebrada de la urbanización Condado Del Rey.
Reveló que en ambos casos se trató de negligencia por parte de las empresas y que en ningún momento se puede calificar el derrame como un accidente.
En el caso de la Coca Cola, esta empresa tendrá 60 días para entregar a la ANAM un plan de auditoría ambiental y de adecuación ambiental en el manejo de sus químicos.
Anguizola expresó que el impacto que tuvo este derrame en los residentes de la ciudad capital fue de carácter visual y psicológico por el tinte rojo en el río Matasnillo y la bahía.
Por otro lado, especificó que en el derrame de la empresa AES Panamá, se pudo comprobar que la fuga del diesel se produjo cuando pasaban combustible de un tanque de 300 mil galones a otro más pequeño.
Las investigaciones pudieron establecer que en la operación de llenado, el operador dejó abierta la válvula del tanque de almacenamiento mensual y no se percató que se había llenado el tanque de uso diario ocasionando el derrame del diesel.
La empresa tiene un plazo de 30 días para presentar un informe sobre la forma en que se puede recuperar y sanear el área afectada, pues se perjudicó el suelo, flora y fauna y los olores afectaron a los residentes.
Por otra parte, sin una respuesta satisfactoria culminó ayer la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Municipal, que intentó conocer hasta qué punto se ha cumplido el acuerdo municipal que ordena la instalación de plantas para el procesamiento de aguas residuales en todas las empresas y edificaciones en el distrito capital.
Astrid Wolff Villalaz, presidenta de la comisión, afirmó que iniciará personalmente en compañía de otros comisionados una inspección a diferentes centros comerciales del distrito, a fin de constatar si estas empresas han cumplido con la colocación de las plantas.
Afirmó que el Consejo Municipal hará cumplir a través de la Dirección de Obras y Construcciones la vigencia de este acuerdo que tiene fuerza de ley y cuya finalidad es la de dar un tratamiento sanitario a las aguas servidas que diariamente arrojan a la Bahía de Panamá las empresas, hospitales y áreas residenciales.
Por su parte, Juan Carlos Navarro, alcalde del distrito capital, reconoció que este acuerdo nunca se ha puesto en práctica realmente, ya que a pesar de que se hizo con buena intención, estas acciones no funcionan en ningún país del mundo.
Sostiene que técnicamente esta acción es inoperante, porque en una ciudad como la nuestra no tiene ningún sentido, pues no es factible ni técnica ni financieramente pedirle a cada construcción una planta de tratamiento de agua.
