Continúan las muertes por una insuficiente fiscalización gubernamental.
Las ocurridas el domingo en el caserón 8A-33, en San Felipe, hay que sumarlas a las de la Caja de Seguro Social (CSS), por medicamentos intoxicados, y a los 18 que fallecieron frente a la iglesia Hosanna, al incendiarse un autobús.
Lo que aconteció en el inmueble "Lyons House", donde perdieron la vida tres personas, entre ellas dos niños, al caerse un alero, tiene relación con la falta de una estricta inspección de parte de las autoridades.
Lo que no se cumple es el Decreto Ejecutivo No. 51 de 22 de abril de 2004 sobre restauración del Casco Antiguo, que en su artículo 232, establece que a "todo propietario o poseedor de un inmueble que inicie una obra de intervención sin autorización previa de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, se le suspenderá la misma de forma inmediata.
"La Dirección Nacional de Patrimonio Histórico solicitará la demolición de lo construido y la reconstrucción de lo que haya sido destruido", agrega.
Queda en evidencia que en ningún momento la Dirección de Patrimonio Histórico aprobó los trabajos de restauración que se realizaron en el inmueble 8A-33, pero tampoco los suspendió, lo que indica una mala política de supervisión.
