La fiscal decimocuarta, Lourdes Cedeño, remitió al Juzgado Decimotercero la vista fiscal de las investigaciones seguidas a la empresa AES Panamá por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, tras la apertura de las compuertas de la represa Bayano que ocasionó graves inundaciones en Los Llanos de Chepo, el pasado mes de diciembre.
Cedeño, en su opinión fiscal N.º 255 del 29 de septiembre del 2011, no exigió responsabilidad penal sobre los imputados ni dictó ningún tipo de sobreseimiento y se limitó a dictar un auto inhibitorio, en el que solicitó al tribunal que se inhiba de conocer la presente causa y la declina a una esfera municipal.
Es decir, que será una Personería Municipal la que deberá concluir las sumarias y analizar si existe o no responsabilidad penal por parte de los imputados.
Negligencia.
Las consideraciones de la Fiscalía indican que, de acuerdo a las prácticas periciales y testimoniales evacuadas dentro del proceso investigativo, sale a relucir que hubo atraso y negligencia por parte de los directivos de AES Panamá, S.A., en este caso de los trabajadores y operadores que mantenían el control de la Planta Generadora de Electricidad, al no atender las reglas, normas, protocolos y aplicaciones que deben ser tomadas en consideración para la apertura de las compuertas y vertedero de las aguas de la Hidroeléctrica Bayano, por lo que el conocimiento de este proceso corresponde a los tribunales municipales.
Añade que “analizadas las constancias procesales, advertimos que nos encontramos ante la comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de delitos que implican a un delito común, específicamente la conducta que describe el artículo 300: 'Quien culposamente ocasione uno de los delitos descritos en este capítulo, será sancionado con prisión de dos a tres años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana'”.
Imputados.
Por este caso se encuentran imputados el gerente general de AES Panamá, Jaime Tupper; el gerente de la planta Erasto Rodolfo Espino; la coordinadora del Plan de Acción Durante Emergencia (PADE), Sujai Smith; el líder de operaciones de la represa, Francisco Pousa Delgado y el director de operaciones de la planta hidroeléctrica, Rodolfo Antonio Cabello.
Todos los imputados han rendido su declaración indagatoria excepto Rodolfo Antonio Cabello Blanco, quien no ha podido ser ubicado porque ya no labora en la empresa y se encuentra radicado en Chile. A través de una inspección ocular al Servicio Nacional de Migración, Cabello Blanco ingresó al país el pasado 24 de enero cuando ya habían iniciado las investigaciones.
Las inundaciones registradas el pasado 7 de diciembre de 2010, dejaron a unas 350 personas damnificadas.
