Las negociaciones que a espaldas de los usuarios y operadores mantienen el Gobierno y la empresa Mi Bus enconó las diferencias laborales entre su personal y aumentó el reclamo colectivo que desde 2010 suplica por mejoras en el sistema de transporte.
Desde el miércoles 8 de octubre, cuando el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció su decisión de nacionalizar el sistema metrobús, una lluvia de preguntas han caído en torno a las negociaciones.
Al frente de las conversaciones está el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, pero a la fecha prefiere mantener en reserva los términos y condiciones que se conversan sobre la mesa. ¿Cuánto le costará al Estado el proceso de nacionalización de un sistema que no prosperó?, ¿qué garantías laborales amparan a los más de 3,000 trabajadores que la empresa declara integran su planilla?, ¿qué herramientas legales acompañarán el proceso de transición para impedir se incremente la zozobra entre los usuarios?, son algunas de las preguntas que se hacen empleados de Mi Bus y los usuarios.
En una atmósfera cargada de incertidumbre, la anarquía se fortalece y los piratas y diablos rojos se convierten entre los usuarios en la única alternativa de movilización rápida.
A la palestra salió el exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Jorge Ricardo Fábrega para sumarse a los cuestionamientos que exigen transparencia en los acuerdos. En su cuenta de Twitter posteó: Cambiar el contrato de Mi Bus sin los amarres internos necesarios genera incertidumbre a los usuarios, trabajadores y aumenta expectativas.
Las declaraciones de Fábrega surgen en medio del caos que ayer prosperó debido a la huelga de brazos caídos que protagonizó un centenar de conductores de los patios de la 24 de Diciembre, El Chorrillo, Albrook y Ojo de Agua, que vieron en la nacionalización del sistema un riesgo para sus prestaciones labores.
El servicio fue declarado por los conductores como irregular. Desde muy temprano, cerca de 1,500 conductores en diferentes patios optaron por encarar a la empresa y exigir garantías en sus derechos concebidos en el Código de Trabajo.
En representación de los usuarios se pronunció el abogado Víctor Martínez, quien culpó al Gobierno de la zozobra en el sector.
Martínez planteó que lo que se vaya a hacer es de plena potestad de los usuarios y conductores. Nadie tiene la menor idea de lo que pasará con la empresa en término de compensación con dineros públicos.
Por enésima vez levantó la voz y exige que sean los usuarios quienes reciban una compensación y no la empresa, que solo vino a lucrar y ganar dinero de los panameños.
Agrega que si no hay transparencia en lo que se hace, tampoco hay garantía con las prestaciones de los trabajadores, y allí les cabe el derecho a pronunciarse.
El escenario es peor si se revisa el procedimiento que utilizan para finiquitar el contrato, indicó. De plano, el contrato no es una concesión administrativa y, por lo tanto, el rescate administrativo no procede; es decir, el Estado tiene opción de rescindir el contrato sin pagar un solo real como se lo proponen, dijo.
Evitar que el proceso arbitral prosperara fue el mayor error, se debió presentar una contrademanda para que fueran los tribunales internacionales quienes resolvieran el caso, concluye.
El abogado Ernesto Cedeño objeta la negociación con figuras legales fuera del contrato. Creo que la figura que se está ensayando es el mutuo acuerdo. Se ignora el contenido del acuerdo. No sabemos cómo va a operar la nacionalización del servicio, pues no tenemos experiencia en este sentido como administrador, cuestiona.
Comprende que lo más seguro es que se tenga que indemnizar en algo a Mi Bus y esto es inadmisible por el mal servicio que dio. No se puede favorecer de manera grosera a un empresario de esta forma.
Pero si resolvías el contrato, no estabas obligado a indemnizar, y lo podías resolver invocando mala prestación del servicio, es la salida legal sin inversión que propone Cedeño.
La incertidumbre que rodea a los operadores por el futuro laboral que les espera con la nacionalización de la empresa los envalentonó para darle la cara a la empresa. Aceptan que la debilidad de la fuerza para paralizar el sistema al 100% responde al temor generalizado de los trabajadores. Ni entre nosotros nos quejamos porque a quien sorprendan en eso abiertamente lo amenazan con despedirlo. El temor es nuestro enemigo, declaraban ayer los operadores mientras custodiaban las puertas de salida en el patio de metrobuses de El Chorrillo. En la 24 de Diciembre, la masa de trabajadores era mayor y las acciones y efectos eran evidentes. En el sector, la zona paga amaneció repleta de usuarios desprovistos del sistema. Uno que otro diablo rojo era la salvación para trasladarse y como en los peores tiempos en los que reinaba el sistema, el más vivo se ganaba un puesto.
Igual que los usuarios, los operadores tienen una lista de reclamos. Pero cogían fuerza de entre un minúsculo grupo que, sumiso, salía a prestar el servicio. Que si entregan las fichas del Seguro con tres meses de retraso, que si descuentan los compromisos con financieras, pero que aparecen morosos en la APC, que si no cumplieron con el acuerdo de aumento salarial hecho en 2012, que si atemorizan a los trabajadores, eran parte de las quejas. Hemos perdido la confianza en la empresa, comentan mientras piden la reserva de sus identidades por temor a represalias.
Hasta la 24 de Diciembre se trasladó el ministro Henríquez para calmar a los quejos, pero sus palabras de compromiso sobre sus derechos no convencieron y los operadores se declararon en huelga indefinida hasta que la empresa garantice por escrito el cumplimiento de la palabra dada por el ministro Henríquez de que sus derechos y prestaciones serán respetados.
Al cierre del día, la ATTT, a través de un comunicado, reconoció como una falta grave la paralización del servicio y aceptó que la medida provocó serios inconvenientes en la movilización de pasajeros desde tempranas horas y la tarde de ayer.
