Eduardo Rodríguez, miembro de la CAPAC, aclaró que no han ofrecido esa cantidad a los obreros y prefirió reservarse ese detalle, por tratarse de una política que debe definirse en la mesa de negociaciones y no públicamente. "No hemos dado cifras públicas sobre nuestra oferta, ya que esa postura la estamos definiendo", destacó Rodríguez. Si ambas partes no llegan a acuerdos antes del próximo lunes, se paralizará el sector de la construcción.
El funcionario expresó desde tempranas horas recibió el reporte de parte de agentes de la Policía Nacional, en el cual se le informó que no había ninguna novedad, ya que los detenidos recibieron sus alimentos.
Mientras que en Chiriquí, el día transcurrió sin imprevistos dentro de cárcel pública de David, debido a que los 830 detenidos que existen en estos momentos, no apoyaron la medida de huelga.
El jefe de la cárcel de David, Orlando Guerra manifestó que los detenidos siempre se mostraron en desacuerdo con el llamado a huelga, tras asegurar que nunca se hizo con la aprobación de ellos, porque más bien fue una decisión particular de los miembros de esa organización.
En Colón, los reclusos señalaron directamente a los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial como "incapaces para resolver sus audiencias", lo que permite que haya hacinamiento en las cárceles.
Los reos se mantuvieron en las ventanas del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza pidiendo respuesta a los problemas que confrontan los internos a nivel nacional, pero no se unieron a la huelga de hambre.
Por otro lado, los privados de libertad en la cárcel de La Chorrera no atendieron el llamado a huelga, aún cuando semanas atrás realizaran una protesta similar por la comida que se les suministra.
Colaboraron los corresponsales: Sugeiris Mitre, Emileth Bósquez, Melquíades Vásquez, Bleixen Caballero, Delfia Cortez y Eric Montenegro
La Ley Penitenciaria establece que el Consejo de Política Penitenciaria es un organismo asesor, de consulta y de orientación del Ministerio de Gobierno y Justicia, que permitirá involucrar a la sociedad en la solución de los problemas del sistema penitenciario.
La Ley 55 del 30 de julio de 2003 reorganiza este sistema.
