A pesar de las informaciones contradictorias que existen entre los gobiernos de Nicaragua y Panamá, ambos acordaron crear una Comisión de Alto Nivel para investigar y aclarar el tráfico ilícito de armas desde Centroamérica hacia Colombia.
La comisión deberá aclarar los informes contradictorios que han surgido sobre el tema de la venta de armas y determinar dónde estuvieron los "errores en esta transacción".
Al mismo tiempo, las autoridades panameñas reiteraron ayer en conferencia de prensa que jamás solicitaron la compra de ningún cargamento de armas a Nicaragua y advirtieron que irán hasta las últimas consecuencias para determinar si existen nacionales vinculados al tráfico de armas desde Centroamérica.
El ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, acusó a Nicaragua de no cumplir el trámite interno jurídico establecido para la compra y venta de armas.
Indicó que viajaron el pasado fin de semana a Nicaragua para aclarar los detalles sobre el tráfico ilícito de armas y plantearle a las autoridades de ese país que nunca respetaron lo establecido en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.
"Panamá nunca tuvo participación ni responsabilidad alguna en la compra de 3 mil fusiles AK 47 y 5 millones de municiones por un monto de B/.5 millones", señaló.
Recalcó que en el artículo IX se establece que los Estados no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta que el Estado receptor expida la licencia o la autorización correspondiente.
Detalló que el artículo dispone que los Estados partes, antes de autorizar los embarques de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados para su exportación, deberán asegurarse de que los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias o autorizaciones necesarias.
Además, el Estado importador informará al exportador sobre la recepción de los embarques de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
Salas puntualizó que cualquier proceso de compra de armas debía pasar por la autorización del ministro de Gobierno y Justicia, el Consejo Económico Nacional y posteriormente al Consejo de Gabinete, y jamás se cumplió con esos pasos, porque el documento en mención enviado a Nicaragua es falso.
"Se utilizó el nombre de Panamá en un proceso donde Panamá no participó en ninguna operación oficial y donde toda la documentación es falsa y eso lo vamos a demostrar", enfatizó Salas.
Adelantó que Panamá seguirá cooperando y participando en cualquier operación tendiente a combatir el tráfico ilícito de armas.
Sobre la misiva con fecha del 10 de enero de 2001 donde el ex ministro de Gobierno y ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora pedía un inventario de las armas que tenía la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional y Marítimo Nacional y donde le recordaba que cualquier transacción de compra de armas debía ser autorizada por su despacho, Salas calificó la nota como una correspondencia rutinaria donde se les recordaba el trámite que se debe seguir en la compra de armamentos.
Planteó que en varias ocasiones le han preguntado a las autoridades nicaragüenses por qué no se les comunicó personalmente o por escrito a los directivos de la Policía Nacional de Panamá o del Ministerio de Gobierno y Justicia sobre este proceso de compra si venía desde 1999, y desde esa fecha en varias ocasiones se han reunido. Sin embargo, Salas añadió que las autoridades de Nicaragua deben definir dónde están los errores en la venta de armas.
"Se han mencionado algunos panameños y tenemos la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias su relación", sentenció Salas. Sustentó que le llama la atención que se les haya entregado estas armas a un comprador particular. "Sólo queremos que se llegue a los responsables y se exonere a Panamá de cualquier responsabilidad", enfatizaron.
Por su parte, el vicecanciller de la República, Harmodio Arias, señaló que las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua se mantienen en su mejor nivel. "A pesar de este incidente las relaciones diplomáticas entre ambos países son excelentes", expresó Arias.
Mientras que desde Guatemala, la agencia ACAN-EFE informó que el Departamento guatemalteco de Control de Armas y Municiones (DECAM), suspendió temporalmente la licencia a la empresa GIRSA, propiedad de dos israelíes, implicados en la compra de un cargamento de armas a Nicaragua que fue a parar a Colombia, anunció ayer una fuente oficial. El jefe del DECAM, Saúl Blanco, explicó que la decisión fue adoptada el pasado 23 de abril y que la licencia no le será revocada a los israelíes hasta que se aclare este escándalo.
