Así lo reveló al Panamá América José Causadías, coordinador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Social, quien advirtió sobre la necesidad de hacer un estudio post liberacional con los jóvenes sancionados en los centros de cumplimiento.
Por otro lado, se conoció que el Ministerio Público ha levantado un inventario de las demandas civiles seguidas contra diversas instituciones del Estado que superan los B/. 300 millones.
Aunque el recuento del Ministerio Público no incluye otros procesos contenciosos administrativos contra el Estado.
Entre las malas prácticas se mencionan la doble contabilidad, oficinas con residuos de asbesto, iluminación inadecuadas. Pago de "coimas" para reservar los mejores espacios en el comercio, uso de pesticidas prohibidos por las autoridades de salud porque son "más baratos", aunque provoquen daño en la piel entre otras.
¿Cuál sería el mecanismo de trabajo?, pues realizarían un análisis de tanto del recurso humano como la capacidad gerencia, las prácticas de mercadeo y el trato al consumidor.
De ahí se elaboraría la estrategia que realizándola al pie de la letra, garantizará el éxito.
Hasta el momento la reacción de las empresas ha sido buena, pero a la hora de ejecutar se ve el retraso.
Dentro de la RSE un "Stakeholders" es aquel de una u otra forma se verá afectado o beneficiados por los movimientos de la empresarios.
Estudios han demostrados que existe una relación entre la responsabilidad social en la empresa y el desempeño financiero de una organización. Las empresas que tienen un compromiso corporativo en términos de la ética, presentan un desempeño tres veces mayor a aquellas que no lo han hecho. Esto demuestra que algo que para muchos en intangible como la ética, puede traducirse en ganancia.
