La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que son legales los resueltos emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) para destituir a más de 60 controladores aéreos que organizaron un paro en diciembre de 1996.
Montenegro de Fletcher aseguró que el director de la DAC, Eustacio Fábrega, actuó de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los controladores aéreos no tenían estabilidad en sus cargos y por ende sus nombramientos tenían un carácter discrecional.
También señaló que el paro realizado por los controladores constituyó un atentado contra la navegación aérea y la población en general, digno de ser castigado de manera ejemplar por las autoridades correspondientes.
Explicó que la acción realizada por los controladores aéreos se constituyó en un atentado contra la navegación aérea y las aeronaves que surcaban el espacio aéreo nacional en momentos en que se mantenía el paro.
Por otro lado, aseguró que los controladores descuidaron sus obligaciones al no asistir a sus puestos de trabajo y no brindar el servicio de tráfico aéreo en el territorio nacional, y ante ello, se debe negar la petición para anular los resueltos con los que se les destituyó.
A la vez estableció que sí se cumplió con el debido proceso para estas destituciones y que no se puede desatender la realidad de la ejecución de un delito por parte de quienes suspendieron el servicio de tráfico aéreo.
No obstante, el proceso judicial contra los controladores aéreos ha quedado en un limbo jurídico, luego de que un juzgado de circuito declinara su competencia para conocer el caso, pero posteriormente también esa esfera se declaró impedida para conocer el proceso.
La firma de abogados Vásquez y Vásquez presentó un recurso de nulidad contra los resueltos expedidos por la DAC, en representación de Claudio Dutary, secretario general de la Asociación de Controladores Aéreos.
