En la transacción con Finmeccanica no existe un ahorro de $100 millones, lo que sí existe es una lesión patrimonial de por lo menos 36.9 millones de euros.
El gobierno CD-Panameñista, aún en alianza, pactó el precio de 90 millones de euros por 19 radares, lo que significa 4.7 millones de euros por cada uno.
Sin embargo, si el Gobierno devuelve 12 radares y evita pagar 38 millones de euros, el precio de los siete radares instalados quedaría en 7.4 millones de euros cada uno y el de los 12 que devolveríamos sería de 3.2 millones de euros por unidad. Pagaríamos 18.9 millones de euros de más por los siete instalados y recibiríamos 18 millones de euros de menos por los 12 radares que devolvemos.
Al sumar los 18.9 millones de euros que pagamos de más con los 18 millones de euros que recibimos de menos, se configura de forma clara una lesión patrimonial de unos 36.9 millones de euros.
Esto no varía, si el Estado llega a realizar las transacciones anunciadas, por más que las califique como ahorros, que en realidad son hasta gastos.
Los 29 millones de euros son crédito y no un ahorro. Además, un crédito de 1.0 euro no compra algo valorado en 1.0 euro, sino algo tasado en menos de 1.00 euro por ser un crédito. Un crédito de 1 euro puede llegar a comprar algo por hasta el 25% de 1.0 euro.
Se habla de un ahorro de 10 millones de euros en los siete radares instalados, pero ello no se ha explicado. Por tanto, esta suma tampoco es un ahorro.
Los 8.1 millones de euros del helicóptero ambulancia tampoco son un ahorro. Esto sería un regalo de una empresa que este gobierno ha calificado como corrupta y sería un gasto para el país, ya que su mantenimiento y operación no serían gratuitos.
Curiosidades sobre el helicóptero: quienes criticaron el regalo de las seis lanchas del quinquenio pasado y no aceptaron su valor como un beneficio para el país, ahora aplauden el regalo del helicóptero ambulancia y lo califican como un ahorro cuando no lo es.
Habría que preguntar si existe un estudio que sustente la necesidad de un helicóptero ambulancia. Así como el embajador Fernando Berguido refuta que el estudio McKenzie sirva de base para los 5 millones de euros en posibles gastos arbitrales, estos tampoco son un ahorro, ya que serían un gasto atribuible a una controversia causada por este gobierno y no por el anterior.
