Tras el desplome la semana pasada de una pared del inmueble 7-56, ubicado en el área del Casco Antiguo, declarado Patrimonio Histórico, propietarios, Ministerio de Vivienda (MIVI) y la Oficina del Casco Antiguo (OCA), mantienen una controversia sobre los inmuebles que se encuentran ubicados en el área.
Han indicado que es inaceptable que el Gobierno permita que seres humanos vivan en trampas de muerte (casas inhabitables y condenadas), permitiendo su ocupación inclusive por intrusos, con el pretexto de cumplir una necesidad social.
"Son ellos los que deben apuntalar paredes, escaleras y balcones", mientras no hayan presentado un anteproyecto de restauración aprobado por la Dirección de Patrimonio Histórico, dijo Miranda.
Para poder desalojar a las personas que residan en los inmuebles, el propietario debe llenar dos requisitos indispensables: presentar ante Patrimonio Histórico un anteproyecto de restauración como lo indica el Decreto Ley 9 de 1997 e indemnizar a las familias o personas , como señala la Ley 4 de enero de 2002.
"No es desalojar a las personas, mediante boletas de lanzamiento ante la corregiduría y echarlas a la calle", indicó Montenegro.
Algunas familias prefirieron quedarse en el área, y no ser trasladados a Santa Ana u otro lugar, por peligro de enfrentarse con las bandas de antisociales en ese sector.
