El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Francisco Alemán, aclaró que en el presupuesto general del Estado para el año 2000 no se ha incluido una partida para pagar B/.3.8 millones en concepto de salarios retroactivos a los legisladores del período 1994-99.
Alemán indicó que el fallo de la Corte que ordena el pago de salarios caídos a los legisladores por el aumento a B/.10 mil mensuales que hizo el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares a sus ministros de Estado, es de estricto cumplimiento.
Añadió que como ese gasto no se contempló en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea, dependerá de la Junta Directiva de este órgano del Estado decidir si paga a los ex legisladores en base a la potestad que le da la ley de manejar sus fondos que corresponden al 2% de los ingresos corrientes estatales.
Para esta vigencia fiscal, el presupuesto de los ingresos corrientes se estima en B/.1,900 millones, por lo que a la Asamblea le corresponden unos B/.39 millones, afirmó el legislador arnulfista.
Indicó que la ley le da a la "directiva de la Asamblea la potestad de manejar su presupuesto en base a sus necesidades", por lo que se desprende la posibilidad de pagar a los exparlamentarios con los ingresos provenientes del 2 %.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, manifestó que hasta ahora todo ha sido especulaciones acerca de que hay un fallo obliga al Estado desembolsar B/.3.8 millones a los exlegisladores del período anterior.
Agregó que cuando se reciba la notificación oficial sobre el fallo de la Corte, entonces "veremos qué hacemos sobre eso", por esa razón aún no podemos responder, afirmó.
Sin embargo, ante la insistencia de los medios, Juliao señaló que si hay que pagar a los exlegisladores entonces habría que hacer algunos recortes de partidas en otros renglones, porque ya hay un presupuesto aprobado.
Agregó que es muy temprano para estar hablando de créditos extraordinarios para gastos de funcionamientos, cuando ni siquiera sabemos cómo va a terminar el año.
El ministro de Economía y Finanzas admitió que se conocía de esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia, pero reconoció que desconoce si una partida para este fin está incluida en el presupuesto nacional.
El contralor general de la República, Alvin Weeden, afirmó que si a los legisladores del período anterior le asiste el derecho de recibir unos B/.3.8 millones en concepto de salarios caídos, entonces el Estado debe afrontar el pago de estos emolumentos.
A su salida del Consejo Economico Nacional celebrado ayer, el contralor manifestó que desconocía la legalidad de la medida que otorga unos B/.54 mil a cada uno de los 71 legisladores del periodo anterior.
En un momento en que el Estado pasa por una situación económica difícil, una decisión como esta verdaderamente "pone en dificultades al país", porque son gastos que no estaban previstos en el presupuesto nacional, aunque no descartó que se recurra a un crédito extraordinario.
Agregó que en muchas ocasiones las personas tienen derechos económicos, pero algunas veces esos derechos no se pueden pagar en un período fiscal determinado.
Por lo pronto, señaló el contralor quedan dos alternativas, solicitar un crédito extraordinario, o pagar esa deuda en cuando se pueda.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró que no es inconstitucional la frase "emolumentos y asignaciones" contenida en el artículo 205 de la Ley 49 del 4 de diciembre de 1984, mediante el cual se adopta el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, y que establece que los legisladores tendrán las mismas prerrogativas salariales de un ministro de Estado.
Durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares se aumentó de a B/.10 mil los ingresos de un ministro, pero luego ante las críticas y la situación económica del Fisco, se tomó la decisión de reducir nuevamente el salario a B/.7 mil.
Durante el lapso aproximado de 18 meses, en que los ministros cobraron los B/.10 mil, los legisladores tenían el mismo derecho y ahora el fallo de la Corte Suprema de Justicia decidió que se debe reconocer los aumentos dejados de cobrar durante ese tiempo.
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