No hay motivos para extender la ARI: Chen

EL exadministrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), José Chen Barría, lamentó las diferencias que surgieron, a última hora, entre la junta directiva de la institución y Julio Ross.
Calificó de "buena" la decisión del gobierno de no extender el período de vigencia de la ARI y más aún, cuando ya tienen un plan para crear una institución que se encargue de los bienes revertidos y otros recursos del Estado.
El también excontralor de la República, sostuvo que el "cumpleaños" de la institución estaba definido con anticipación y según explicó, "no hay razón para darle una extensión como ha solicitado la junta directiva".
Señaló que la ARI cumplió parcialmente con algunas expectativas y sobre todo con el plan de desarrollo.
"No se puede evaluar cuáles fueron las razones que impidieron que el plan se completara en un ciento por ciento", agregó.
Por otra parte, indicó que Panamá debe revisar su política exterior con relación a Taiwan y establecer relaciones con China, que es la segunda economía del mundo y el primer país importador de la Zona Libre de Colón.
Por ello, dijo Chen Barría, no es conveniente seguir manteniendo relaciones con Taiwan de acuerdo a la situación geopolítica mundial y económica que vive el mundo actualmente.
Reiteró que el sólo hecho de ser uno de los usuarios más importante del Canal, asegura que China tiene intereses en la ruta interoceánica y alegó que los puertos del área del Pacífico son de compañías chinas, lo que impacta en los intereses de la República Popular China.
Al ser consultado sobre la situación de corrupción que vive el país, Chen Barría señaló que los niveles han bajado, toda vez que se está realizando un gran esfuerzo de transparencia. "Mientras no haya justicia y exista impunidad, no se puede combatir la corrupción", agregó.
Exhortó a la ciudadanía a que tome conciencia de que la corrupción es un grave problema y abogó para que la sociedad denuncie esos actos.
Miembros de la Junta Directiva de la ARI informaron que insistirán para que el gobierno extienda por dos años la vigencia de la institución, pese a los señalamientos del mandatario Martín Torrijos, de que "no hay marcha atrás" con el cierre de la entidad.
La ARI tiene terrenos que no han sido vendidos y de cerrar a fin de año, el Estado podría dejar de percibir más de B/. 4 mil millones. Unos 600 funcionarios quedarán cesantes.