En tanto, la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Angélica Maytín Justiniani, consideró como muy abarcador este informe y aunque los resultados son preliminares, le preocupa que el mismo no contenga un cronograma de cumplimiento ni identifica a los responsables de hacer cumplir dichas recomendaciones.
Respaldó el establecimiento de un Acuerdo Nacional contra la Corrupción con la participación de los tres órganos del Estado, pero que también incluya a representantes de la sociedad civil, los gremios obreros y empresariales y otros organismos.
Enfatizó la necesidad de fijar topes a los salarios de los altos funcionarios para evitar que se busquen cargos en el engranaje gubernamental por los salarios y no por un compromiso de servir y recomendó que se convoque a la sociedad junto a las estructuras gubernamentales para establecer un plan de trabajo para combatir la corrupción.
Por su parte, la empresaria y expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa privada (CoNEP), Nivia Roxana Castrellón, estimó que de lo que se trata es de que los órganos del Estado tengan mayor eficiencia en su gestión, buscando mayor institucionalidad y promoviendo la igualdad de oportunidades. Calificó como alentador que se hayan identificado algunas situaciones que podrían crear privilegios en razón de posición y hacer los cambios estructurales que promuevan y fortalezcan la institucionalidad.
Según Quintero, de la modificación del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, dependen el cumplimiento de algunas recomendaciones como la eliminación de la franquicia postal y telefónica para legisladores, la exoneración del pago de impuestos por la importación de vehículos, la eliminación permanente del salario de los legisladores suplentes y la planilla de B/. 4,750 que usan a discreción los parlamentarios.
La Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa no ha hecho en este momento un análisis de la forma en que se podrían cumplir las recomendaciones que le atañen directamente a este órgano del Estado. Según fuentes legislativas, oficialmente la Asamblea no ha recibido dichas recomendaciones.
Para el exmagistrado hay otras recomendaciones que están sujetas a la aprobación de nuevas leyes o la modificación de algunas existentes como, la revisión de la ley que autoriza la expedición de pasaportes diplomáticos oficiales, la disposición que los funcionarios que reciben gastos de representación no cobren viáticos cuando cumplen una misión oficial dentro del país y fijar un tope salarial.
Pero también, a juicio de Quintero, hay otras medidas que se pueden cumplir con actos administrativos como fijar límites en el número de escoltas de los altos funcionarios, restringir el uso del combustible, establecer normas de conductas en las escuelas, revisar los sueldos que reciben los funcionarios de Aduanas o recomendar que la Contraloría General investigue el posible tráfico de influencia en el caso Tricom-Bellsouth.
Además de la modificación y aprobación de leyes y la adopción de medidas administrativas, hay otras recomendaciones que dependen en parte de la buena voluntad de quienes serían los encargados de implementarlas.
Entre ellas están que el sector privado adopte un Código de Etica que fije pautas a sus miembros, que los dirigentes de los partidos políticos brinden respuestas satisfactorias cada vez que se le hagan señalamientos sobre actos de corrupción y que se investigue lo sucedido con la aprobación del Contrato Ley para la construcción del Centro Multimodal Industrial y de Servicios.
El presidente de la Asociación de Abogados Litigantes (AAL), Jaime Padilla González, consideró que el nombramiento de una comisión que tuviera como objetivo hacer recomendaciones para combatir la corrupción, fue una "medida brillante".
Agregó que la iniciativa tuvo como propósito inmediato "bajar la presión nacional e internacional" que estaba viviendo el Ejecutivo a raíz de las denuncias de compra de votos hechas por el legislador Carlos Afú y toda la situación que originó la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Padilla González adicionó que se trató de un buen mecanismo publicitario para bajar la presión, pero que dentro de ellas hay medidas que deben ser tomadas en cuenta por la Asamblea legislativa y por el Ejecutivo y el cumplimiento de las mismas debe ser exigido por el Movimiento Pro Alianza Ciudadana.
El jurista instó a la mandataria Mireya Moscoso a que se adopten los correctivos que están dentro de su ámbito como son las recomendaciones que tienen que ver con el FIS o el nepotismo y citó que en el reciente caso de las armas que llegaron a Colombia y donde se menciona a la Policía Nacional, la presidenta debió solicitar inmediatamente una investigación. Se trata de voluntad y a la jefa del Ejecutivo no se le está viendo voluntad para combatir y erradicar la corrupción.
En tanto, el catedrático universitario y ex candidato a la Defensoría del Pueblo, Raúl González, reconoció que algunas de las recomendaciones requieren de cambios constitucionales, pero hay otras como acabar con la práctica del nepotismo, no requiere de un cambio constitucional, sino de una decisión administrativa.
Hay una serie de recomendaciones cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad tanto de los responsables del Ejecutivo y del Legislativo, porque por muy sencillas que sean, sin una dosis de voluntad no se va a resolver nada.
Por su parte, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, integrado por distintos organismos cívicos de la sociedad panameña, piensa que se debe emprende una labor de divulgación masiva de la Ley de Transparencia en todo el país.
Igualmente, considera que es tarea de la sociedad civil, crear una Junta Nacional de Defensa de la Cultura, de los valores cívicos y extender la enseñanza de la urbanidad, la ética ciudadana, los valores morales y las buenas costumbres a todos los niveles educativos como asignatura obligatoria.
También considera como un aporte el haber establecido un juramento que deben prestar al inicio de clases todos los estudiantes del país, en el que se comprometen a luchar todos los días de su vida por la honradez y contra la corrupción.
La sociedad civil también se compromete a exigir al sector privado organizado la adopción de un código de ética que fije pautas, de modo que no sean protagonistas de malas prácticas, sino garantes de un comportamiento fundado en el respeto a los valores cívicos y morales.
El fortalecimiento del periodismo, para que sea un medio eficaz de educación e información, es otro elemento cuya implementación se considera como una responsabilidad de la sociedad civil. El periodismo, sostiene, debe asumir responsablemente las denuncias serias y bien sustentadas, evitando la difusión de antivalores y campañas de difamación, intimidación y escándalo.
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