La promesa de aplicar la ley penitenciaria en la clasificación de los detenidos con la apertura de La Nueva Joya, no se ha cumplido.
Así lo sentenció Roberto Sanguillén, abogado y presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de los Privados de Libertad.
Estas declaraciones surgen ante una reyerta registrada en el centro penal durante la tarde de este 10 de noviembre, en la cual ocho reclusos resultaron con heridas, producto de objetos punzocortantes.
Una fuente del Sistema Penitenciario destacó que se trató de un incidente ocurrido en el pabellón B, donde permanecen recluidos sujetos de mediana peligrosidad.
Sanguillén, por su parte, tiene otro argumento, al destacar que son sujetos de diferentes niveles de peligrosidad, que forman parte del grupo de reclusos que trasladaron de la cárcel de Nueva Esperanza, en Colón.
Un informe policial indica que los reclusos fueron llevados al Hospital Santo Tomás para atención médica y uno de estos permaneció en el centro hospitalario, mientras que el resto retornó al penal.
Posteriormente, se hizo una requisa en la que se lograron decomisar 11 platinas.
