No se conoce paradero de concejal secuestrado

LA INCERTIDUMBRE y desesperación embargan a los familiares en Panamá del concejal del municipio de Juradó, Jaime Badillo Vanegas.
El funcionario colombiano fue llevado a la fuerza por cuatro hombres que interceptaron su lancha en momentos que transitaba, junto a otra persona, el área de Playa Blanca, entre los poblados costeros panameños de la frontera de Cocalito y Guayabito en Darién.
Desde el pasado 22 de octubre, cuando ocurrieron los hechos, sus padres, quienes son refugiados colombianos que permanecen en Jaqué, no han tenido conocimiento de su paradero, ni de la familia de Badillo en Juradó.
Ricardo Castillo, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Panamá (CIPDH) informó que el padre de Badillo conoció en Jaqué, de la desaparición de su hijo.
Según la versión, el concejal se dedicaba a la comercialización de productos en el área fronteriza, laboraba en una empresa llamada Bahía Marina S.A., ubicada en Juradó y visitaba a sus padres en territorio panameño.
Ese día fue abordado por cuatro hombres vestidos de civil, de acento colombiano, quienes portaban dos fusiles y son conocidos porque transitan las áreas de Guayabito y Cocalito.
Al momento que lo interceptaron Badillo mencionó los nombres de los dos hombres: "Wilmar" y "Rafaelito", a quienes les preguntó porqué le hacían eso.
Al acompañante de Badillo lo dejaron ir, no sin antes decirle: "diga que fue la guerrilla".
Posteriormente los familiares del concejal colombiano señalaron que recibieron informes que la lancha apareció abandonada, sin motor y partida en dos en área colombiana.
Castillo del CIPDH denunció que hasta el momento y a casi tres meses de ocurrida la privación de libertad, el Ministerio Público de Panamá no ha abierto un expediente para iniciar la investigación de este hecho que es conocido en Jaqué y en otros sectores del área.
Otro informe que obtuvo este medio señala que la primera semana del mes de octubre, antes de ocurrida la desaparición de Badillo, llegaron cinco hombres de civil, armados, al último poblado panameño conocido como Punta Ardita en la frontera con Juradó.
En esta área habitan 12 familias de apellido González y Escalante, a quienes los despojaron de sus bienes y les llevaron un aproximado de B/. 30 mil, ganancias producto de la pesca y la comercialización de madera.
Una de las preocupaciones de esta área indígena es que las autoridades locales (Nokoe) no están visitando el lugar y están desprotegidos.
Aunque no se ha podido establecer quiénes son los que actúan ilícitamente en esta área, se mantiene la zozobra, por saber si son grupos subversivos o un brote de bandoleros.
Se ha conocido que las autoridades policiales de la región manejan información de la situación irregular que se está manejando en el área.
Panamá América trató de conseguir una versión policial, pero no se dio respuesta al respecto.
Las fronteras de Panamá y Colombia se establecieron mediante el Tratado Vélez-Victoria, aprobado por la Ley 53 de Agosto de 1924.
La frontera entre ambas naciones tiene una longitud de 266 km, desde el punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita, en el Océano Pacífico, hasta el Cabo Tiburón en el Mar Caribe.