El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable el amparo de garantías constitucionales promovido por la firma forense Infante, Garrido & Garrido en representación de Inversiones Yimi S.A. ( Parrillada Yimi) e Importadora Ricamar de Ricardo Martinelli contra el Director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas por la licitación de la comida que consumirá el personal de la Policía Nacional en el año 2002.
Esta resolución lleva la firma de todos los magistrados que integran el Pleno de la Corte. La resolución indica que el funcionario demandado rechazó la queja presentada por los amparistas contra el pliego de cargos de la licitación pública No.PN-01-02 celebrada el 28 de marzo de 2002 en la Policía Nacional, por considerar que el consorcio Yimi-Ricamar carecía de personería jurídica suficiente para impugnar el acto público, al no ser parte del mismo.
Por otro lado, señala el fallo que los amparistas debieron recurrir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, pero no contra la nota impugnada en la demanda de amparo, que es un acto preparatorio, sino contra el acto de adjudicación definitiva de la licitación pública.
