La selección de un nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá ha sido un proceso lento en Washington, si bien no tiene nada que ver con las relaciones con Panamá, que han mejorado mucho desde la transferencia del Canal en 1999, según explicó a este medio Frederick Becker, hasta hoy encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en este país.
Becker señaló como posibles causas de la demora, el hecho de estarse dando un año electoral en EU, con una sesión del Congreso más corta que la normal, pero anticipa un rápido anuncio del nombre ya aprobado por Panamá. No especificó cuándo.
El diplomático, durante entrevista en la sede de la embajada, dio a conocer que será reemplazado durante los próximos dos meses por el ministro consejero encargado, Robert Bloom, y éste a su vez será sustituido por un nuevo ministro encargado, que será trasladado desde Bogotá, donde se desempeña como consejero de la embajada en Colombia.
Este último ha sido seleccionado por la nueva embajadora, según dijo Becker, en lo que pareció una pequeña indiscreción, a juzgar por la inmediata aclaración de que la Casa Blanca tiene la responsabilidad y el derecho para hacer el pronunciamiento y que la fecha depende de la aprobación por parte del Congreso. Sin embargo, bromeó con el hecho de que toda la prensa nacional e internacional conoce ya el nombre de la nueva embajadora: Linda Watts.
He aquí el tenor de la entrevista, la última concedida antes de su partida:
El Panamá América (EPA): Tomando en cuenta que a Panamá le corresponde una parte de la ayuda económica incluida en el Plan Colombia, país donde se ha dado un supuesto uso irregular de los fondos, ¿qué medida se tomará para que su uso en Panamá sea transparente?
Frederick Becker (FB): Todos los fondos proporcionados a Panamá para la lucha contra las drogas ilegales y contra el crimen transnacional han venido a través de la ley aprobada por el Congreso, que se llama Plan Colombia para el año 2001, y para el año actual se llama la Disciplina Regional Andina.
Esto no quiere decir que Panamá o los otros países vecinos de Colombia forman parte de los problemas de ese país, sino que son fondos disponibles para utilizar en los demás países, a fin de fortalecer las instituciones que luchan contra las grandes redes. Para Panamá, el 2001 fueron B/.4 millones y para este año unos B/.5 millones. El presidente George Bush pidió al Congreso un monto de B/.700 millones más para la región andina. La mayoría será usado en Colombia y en otros países productores de cocaína, pero un monto no especificado aún estará disponible para los programas en Panamá.
Ahora se usan los fondos actuales para el equipamiento y entrenamiento de la Fuerza Pública, para investigación de la Policía Nacional y la PTJ, para establecer un centro de control de químicos ilícitos, que es un nuevo organismo interinstitucional en Panamá, en el que participa el Ministerio Público, el de Salud y otras entidades gubernamentales.
Tenemos planes, y dependen de la suma aprobada por el Congreso, que incluyen puntos de control en el aeropuerto, en la frontera con Costa Rica; cursos de capacitación para funcionarios de Aduanas, Migración, Tránsito, además del financiamiento de un estudio sobre el uso de drogas en la juventud panameña.
Becker explicó que ninguna de estas acciones está directamente vinculadas con lo que ocurre en Colombia.
EPA: Usted ha manifestado preocupación por la vulnerabilidad en la frontera con Costa Rica, pero los panameños también se sienten preocupados por la frontera con Colombia, tomando en cuenta el conflicto en aquella nación. ¿Los planes enunciados responden a esa situación?
FB: Yo creo que sí. Hace pocos días se hizo la ceremonia de donación de cinco camiones de cinco toneladas cada uno y la Policía va a usar esos camiones en Darién. Nosotros reconocemos que las fuerzas públicas en Darién necesitan movilidad, comunicación, capacidad de rescate con helicópteros, buques para operaciones marinas y estamos tratando de ayudar en esta materia por el peligro de Panamá.
Todos los puntos fronterizos, sean de Darién, de Costa Rica, de los puertos marítimos, aeropuertos son vulnerables, como también en Estados Unidos.
EPA: ¿Habrá algún organismo que se encargue de vigilar la transparencia del uso de esos fondos para que no ocurra lo que presuntamente sucede en Colombia con los fondos del Plan Colombia?
FB: Es siempre una preocupación que cuando hay un monto de ayuda tan grande, hay que vigilar el uso de los fondos. Yo no tengo dudas de que aquí en Panamá se están utilizando bien. Podemos observar el uso de los fondos en proyectos completos, en capacitación. Pero los fondos propios no son transferidos, sino el valor de los fondos en los cursos ofrecidos, en los vehículos donados, y podemos verificar su uso. "Nosotros podemos fiscalizar cada año el uso de la ayuda".
EPA: En Panamá ha habido muchas denuncias de presunta corrupción en el uso de fondos públicos. ¿Siente usted que estas denuncias tienen fundamento o que estén deteriorando la imagen internacional de Panamá?
FB: La corrupción es un problema que enfrentan todas las sociedades y todos los gobiernos. En Estados Unidos, en Panamá, en Europa... la imagen de corrupción frecuentemente acompaña a la corrupción real, y tal vez no, pero un país tiene que enfrentar una mala imagen sobre la crítica de corrupción en la sociedad. En mi opinión no es suficiente hacer una crítica, hay que ofrecer alternativas. Hay que ofrecer remedios. Ese es uno de los motivos de la Comisión de Alto Nivel del Diálogo Nacional, para tratar de llegar a mejoras en la sociedad, sea en la educación cívica, en reformas de la administración pública, la prevención de corrupción y la sanción contra los corruptos. Estos son dos elementos muy importantes en la sociedad y Panamá tiene que tratar, por lo menos, de no dejar de lado la imagen que resulte de los ataques personales e institucionales, porque la imagen de corrupción y la corrupción podrían tener un impacto corrosivo en la sociedad y podría afectar la decisión de invertir en el país.
EPA: ¿Siente usted que los últimos escándalos de supuesta corrupción en el país han influido en la inversión?
FB: Por supuesto que pueden influir en la inversión. Los inversionistas no quieren poner su dinero en un país donde hay una percepción de corrupción. Los banqueros legítimos no quieren utilizar un sistema financiero donde hay la impresión de que los fondos pueden ser utilizados por los corruptos. Las condiciones para la inversión que se buscan incluyen lugares limpios o donde hay compromiso por parte del gobierno y la sociedad para frenar las tendencias de corrupción a través de programas de reformas. Sin instituciones fuertes, sin mecanismos para sancionar a los corruptos, se podría suscitar más corrupción.
EPA: ¿Qué consejo daría usted para mejorar la economía de Panamá?
FB: En mi opinión, la única manera para luchar contra la pobreza, el desempleo, la falta de dinamismo económico es por la vía de mercados libres, de comercio abierto y de la inversión. Panamá se ha beneficiado de la inversión extranjera. Tiene algunas ventajas naturales, como su posición geográfica entre sur y norte, entre el Atlántico y Pacífico, telecomunicaciones muy desarrolladas, transporte multimodal, sistema financiero sofisticado y disfruta una estabilidad política y una fuerza de trabajo educada.
Pero, en esta economía, Panamá tiene que adoptar políticas para ganar la competición y atraer la inversión. Tiene que resolver problemas en su estructura que impiden la inversión. Por ejemplo, es muy difícil que una empresa extranjera se establezca aquí sin conseguir el permiso de docenas de ministerios. Se necesita un mecanismo más ágil y más fácil para atraer la inversión. Se necesita un sistema moderno de administración pública para que el sector privado pueda actuar sin mayores reglamentos, especialmente los que no son claros y pueden impedir, en vez de facilitar, las actividades de las empresas.
222Panamá tiene que reestructurar su sistema de administración pública para invertir, sin que haya que pedir permiso a docenas de ministerios.
Los inversionistas también buscan un Código Laboral flexible y finanzas públicas sanas y responsables. Más que nada, la seguridad jurídica es el factor más importante para el inversionista, porque él necesita una garantía de que va a recibir un tratamiento justo, un campo plano para competir con otros y un tratamiento no arbitrario por parte de las autoridades del gobierno. Tiene que entender las reglas del juego, firmar contratos que sean respetados, a pesar de los cambios de gobierno. Texaco es un ejemplo de una empresa norteamericana que cambió su contrato con el Estado después de un procedimiento largo, de más de dos años de negociación.
Panamá está en competencia con otros países y tiene que ofrecer las mejores condiciones. Esto podría resultar en inversiones mucho más amplias y dinámicas.
EPA: Sobre las instituciones que tienen que ver con la entrada de personas al país, hay denuncias de que el nepotismo afecta su función, como por ejemplo Migración, Aduanas y la Policía. ¿Qué opina de esta situación?
FB: Lo importante es que el gobierno tenga vigilancia constante para fiscalizar y regular la entrada de personas. Necesita una política sobre el tipo de personas que Panamá quiere atraer y qué tipo quiere excluir.
Francamente nosotros estamos disfrutando de una colaboración con la directora de Migración (Ilka de Barés, esposa del director de la Policía, Carlos Barés) mejor que todos sus "antecedentes" (anteriores).
Ella está poniendo en marcha algunos reglamentos y procedimientos que favorecen la vigilancia y los controles. Hay que enfatizar que este tipo de controles son medidas para proteger la independencia, la seguridad y la soberanía de Panamá.
Nosotros estamos colaborando con ella en la implementación de sus planes. Había muchos problemas en el pasado bastante reciente (en lo que se refiere) a la vigilancia. Los problemas no desaparecen con los nombramientos de un nuevo director, porque es un proceso. Nosotros estamos enfrentando un proceso en Estados Unidos para establecer una política de balance porque queremos atraer a turistas, empresarios, a través de un sistema de Migración y a la vez bloquear la entrada de terroristas, criminales y otros no deseables. Hay que establecer una política muy fina para discriminar. Nosotros reconocemos que en esta lucha grande contra el terrorismo internacional necesitamos la colaboración fuera de nuestras fronteras y por eso prestamos mucha atención al nivel de vigilancia a un país como Panamá con todas sus rutas aéreas, marítimas y terrestres que podrían abrir las puertas hacia Estados Unidos.
EPA: ¿Los planes de capacitación de la Fuerza Pública se han incrementado después de los atentados del 11 de septiembre?
FB: Me alegra mucho que desde el 11 de septiembre hemos recibido la plena colaboración del gobierno de Panamá y el apoyo y solidaridad de los panameños. Hemos recibido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos en la investigación del financiamiento del narcoterrorismo, usando la ley contra el blanqueo de capitales. La amenaza es grande y los recursos son pocos para hacer un esfuerzo efectivo. La presidenta me dijo varias veces que la misma amenaza de Estados Unidos amenaza a la economía y al Estado panameño.
Estamos en estos momentos elaborando con Panamá y la Autoridad Marítima un gran plan de ampliar la seguridad de los puertos y las vías marítimas. Los ataques del 11 de septiembre fueron por avión, pero es muy posible que los próximos podrían ser a través de las vías marítimas y por eso la vigilancia de los puertos. El Canal de Panamá podría ser la próxima área de énfasis.
EPA: Ha habido un cuestinamiento a la Fuerza Pública sobre el incremento de violencia y ola de crímenes, incluso por parte de la misma Iglesia. ¿Cree usted que el presupuesto y la cantidad de agentes son suficientes para enfrentar la ola de violencia?
FB: La responsabilidad de garantizar la seguridad personal de cada panameño corresponde sólo parcialmente a la Policía, porque las raíces de la violencia son la pobreza y el desempleo que la Policía no puede resolver. La parte de las deficiencias en el sistema judicial no es responsabilidad de la Policía. Se necesita una fuerte educación cívica y la Iglesia podría jugar su papel y también las escuelas del país podrían contribuir. La solución de los problemas de violencia es la responsabilidad de muchas instituciones, algunas del Estado y otras de la sociedad civil, y todas necesitan los recursos para elaborar programas que solucionarían el problema de violencia. Ojalá que una recuperación de la economía mundial pueda mejorar la situación, pero Panamá no debe esperar a un cambio grande en el dinamismo en la economía mundial. Debe tomar la iniciativa durante esta época más baja de la economía para enfrentar problemas de violencia.
Estados Unidos está ayudando en algunas áreas. Tenemos más de 100 voluntarios del Cuerpo de Paz en varios distritos en el interior, trabajando con los campesinos. Tenemos un proyecto de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para renovar la administración de justicia, mejorar su transparencia, apoyo a los fiscales para investigar los crímenes, además de los programas para fortalecer la Fuerza Pública y el programa Nuevos Horizontes que comenzará en Chiriquí en enero próximo, para mejorar la calidad de vida de los pueblos con escuelas, clínicas y carreteras.
EPA: En Panamá hay 72 periodistas demandados por calumnia e injuria. ¿Cree usted que hay una verdadera libertad de expresión?
FB: En Panamá hay una libertad amplia. La ley permite que un periodista puede ser enjuiciado por calumnia o por criticar a funcionarios del gobierno. Cualquier sociedad tiene que hacer su propio balance entre la libertad y el libertinaje. No son absolutos. Hay muchas críticas del profesionalismo del periodista, pero éste debe disfrutar del derecho para obtener la información del gobierno, para investigar actos de corrupción y para criticar a los funcionarios.
Como el funcionario más alto de Estados Unidos aquí, yo he recibido varias criticas. En mi país son sanciones civiles y no penales. Hay remedios en los casos de calumnia, pero su solución es por otra vía.
Yo creo que los ciudadanos tienen derecho de conocer los compromisos que hace su gobierno. No es factible que todos los medios de comunicación participen junto con el gobierno en cada paso de negociación. Al fin del día, los ciudadanos podrían juzgar si sus gobernantes están tomando las decisiones correctas.
Hay muchos acuerdos que yo he firmado durante mi permanencia aquí. Creo que la mayoría de los panameños están dispuestos a favorecer los compromisos que han hecho los gobiernos de EU y Panamá. Sé que la opinión de los medios de comunicación es algo diferente. Realmente hay dos audiencias distintas "y no es necesario que los medios representen a la opinión pública".
EPA: Cuando EU administraba el Canal, por su propia reglamentación, no podía desarrollar las áreas adyacentes a la vía acuática. Panamá lo esta haciendo ahora. ¿Cómo cree usted que lo está haciendo?
FB: Esta vía marítima está en muy buenas manos. Ha habido un cambio en la filosofía, porque la administración está mucho más interesada en la competitividad, la comercialización y en la rentabilidad del Canal. Por esto tiene planes muy amplios para su expansión. Al lado, tiene una responsabilidad que no tenía Estados Unidos: Proteger la cuenca hidrográfica.
También la Autoridad del Canal tiene que buscar el apoyo de otras entidades. En esa materia está actuando bien técnicamente y está aprendiendo y aplicando sus conocimientos tanto en los asuntos técnicos como políticos. Hoy no es sólo un cuerpo de ingenieros que opera el Canal, hoy Panamá tiene que estar más consciente de las fuerzas políticas, sociales y económicas que operan en todo el país. Es un reto grande.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
