Manuel Antonio Noriega, un hombre que cuando era dictador de Panamá persiguió comunicadores sociales y coartó en todo momento la libertad de expresión en el país, depende hoy de una nota periodística para evitar que lo extraditen a Francia.
La principal prueba que presentará esta tarde la defensa del ex general Manuel Antonio Noriega para evitar su extradición, es un reportaje que publicó el Panamá América el 26 de julio pasado, en el que el embajador francés en este país, Pierre Henry Guignard, afirmó que el militar no recibiría el estatus de prisionero de guerra en París.
Los abogados de Noriega en Panamá se movilizaron ayer a últimas horas de la tarde para lograr la autenticación en la Notaría Décima de las declaraciones del diplomático, publicadas en la Portada y página 2 de este diario, con lo cual jugarían una de sus últimas cartas.
El abogado Jon May también llamó desde Miami a periodistas del Panamá América para confirmar la información publicada y para anunciar que sería utilizada como prueba en la audiencia que se desarrollará hoy para decidir la suerte de Noriega.
Irónicamente, Panamá América es publicado por Editora Panamá América, empresa periodística que le fue arrebatada a sus legítimos dueños, la familia Arias, y durante los 21 años de dictadura fue utilizada para editar, con fondos estatales, periódicos adeptos al régimen.
Mientras que desde Miami, la agencia EFE informó ayer que el gobierno estadounidense debe presentar hoy, pruebas de que Francia otorgará a Noriega las protecciones establecidas en la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra antes de que sea extraditado a ese país.
El juez William Hoeveler pidió también a la defensa del ex dictador que presente pruebas de que Noriega no recibiría el trato de prisionero de guerra en Francia, por lo que los abogados del militar iniciaron las citadas gestiones.
El embajador Guignard declaró al Panamá América que Noriega fue pedido en extradición por Francia, condenado por blanquear capitales y que, en caso de ser extraditado, sería tratado "como cualquier acusado de lavado de dinero".
Agregó Guignard en aquella ocasión, que entre Panamá y Francia no ha habido ningún enfrentamiento bélico, por lo que no se justifica que Noriega reciba el estatus de prisionero de guerra y que en caso de ser extraditado, recibiría el mismo trato que le dispensa el Gobierno francés a sus detenidos.
A petición de los abogados de Noriega, el juez William Hoeveler suspendió la extradición a Francia del ex militar hasta que quede demostrado que ese país otorgará al acusado los derechos establecidos en la Convención de Ginebra.
Los abogados del ex general panameño presentaron la moción de urgencia, argumentando que EE.UU. tenía intenciones de liberarlo hoy, tres días antes de la fecha inicial de la liberación condicional de Noriega, para presuntamente enviarlo a Francia sin las debidas garantías.
"No hay duda de que con ello podría llevarle a Francia sin ningún escrutinio público", indicaron los abogados en el documento.
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