El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, estimó ayer que las diferencias surgidas entre los miembros de esa corporación de justicia en cuanto a la valoración de los diferentes de recursos de Hábeas Data presentados, son perfectamente normales.
Arjona planteó que cada magistrado tiene un criterio y lo expone en sus decisiones, pero que no necesariamente todos deben coincidir en sus apreciaciones y que los salvamentos de voto son muy comunes.
A su juicio cada magistrado tiene el derecho a presentar sus opiniones de manera respetuosa y con argumentos en donde se sustente su posición y que haya divergencias indica la libertad de actuación que cada uno mantiene.
En la actividad judicial es absolutamente normal que se produzcan decisiones y opiniones a las que se pueden presentar contrapuntos y hacer especulaciones sobre este tema indica desconocimiento del quehacer judicial.
Las diferencias de opiniones entre los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al ámbito de competencia de la Ley de Transparencia, quedó de manifiesto al resolver dos recursos de Hábeas Data presentados por el abogado Guillermo Cochez, en donde se produjeron siete salvamentos de voto.
En el primer caso Cochez presentó un Hábeas Data contra la ministra de la Presidencia, Ivonne Young para que se le permitiera conocer información sobre todos los viajes realizados por la presidenta Mireya Moscoso.
Aquí seis de los nueve magistrados decidieron por mayoría no admitir la petición bajo el argumento que esta información sólo puede ser entregada a personas interesadas. No obstante, los magistrados Adán Arnulfo Arjona, Graciela Dixon y Emeterio Miller, presentaron su salvamento de voto.
Por su parte, la directora de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, Angélica Maytín Justiniani, calificó como desafortunada la decisión de la mayoría de los magistrados de la Corte, de negar el acceso a la información sobre los viajes de la presidenta Moscoso, sus acompañantes y los costos que representan.
Bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, se negó la solicitud de Cochez, señalando que aunque la información es pública sólo se puede suministrar a "personas interesadas".
Tras rechazar este tipo de fallos, Maytín Justiniani, expuso que coincide con los magistrados que salvaron su voto en el sentido que el argumento de suministrar la información a "personas interesadas" viola el espíritu de la Ley de Transparencia.
A juicio de la directora de Transparencia Internacional, la información solicitada se puede suministrar a pedido de cualquier panameño y más si paga impuestos, ya que estos impuestos sirven para cubrir los gastos del gobierno.
Defendió el derecho de cualquier panameño a conocer cómo se gastan los dineros públicos porque es una manera de fiscalizar dichos fondos y la negativa a permitir que este tipo de información salga a luz pública es un mensaje negativo en la lucha contra la corrupción.
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