La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó el libro "La Libertad de Prensa y la Ley - Normas Legales que Afectan el Periodismo", que contiene el resultado de una investigación realizada en países del hemisferio occidental sobre normas que aluden a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
Esta obra contiene disposiciones de 24 países americanos que aluden, entre otros aspectos, a las normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, la reglamentación sobre la propiedad de los medios de comunicación y del contenido de la información, leyes de prensa y de insulto, mecanismos que incluyen el derecho de rectificación y la confidencialidad de la fuente noticiosa, asuntos relativos a la privacidad y al honor, regulaciones sobre publicidad comercial y la propaganda electoral, derecho de autor y la colegiación obligatoria, así como un anexo sobre la Declaración de Chapultepec.
Para Jorge Eduardo Facsetto, Presidente de la SIP, este compendio surge porque la libertad real vigente en cada país de América Latina no ha progresado, a pesar que los jefes de Estado de esos países, han firmado la Declaración de Chapultepec.
La Declaración de Cahpueltepec surge de la Conferencia Hemisférica, organizada por la SIP en marzo de 1994, y contiene "diez principios insoslayables para que una prensa libre pueda cumplir su papel esencial en la democracia".
Para Jairo Lanao, abogado del Proyecto de Chapultepec, existen variadas y numerosas restricciones y amenazas a la libertad de prensa en el hemisferio occidental, que son utilizadas por las tres ramas del poder público.
Destaca que en los países de tradición de derecho común, como en los Estados Unidos, Canadá y Jamaica, hay menos cortapisas a la prensa que en América Latina, mientras que los legisladores de los países del continente, excepto Jamaica, han mantenido vigentes normas que establecen delitos contra el honor, la calumnia, la injuria y la difamación.
En Bolivia y Guatemala existen tribunales especiales para juzgar a periodistas que cometan ofensas contra el honor.
Los nuevos códigos penales y de procedimiento penal de El Salvador, Panamá y Paraguay, y varios proyectos de ley en otros países, intentan penalizar la divulgación de informaciones sobre la vida privada y familiar, sin hacer distinción entre aquellos que trabajan en el sector público o son individuos de interés público.
La investigación también permitió determinar que los congresos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, México, República Dominicana Uruguay y de Venezuela han expedido leyes que pretenden imponer reglas de conducta a la prensa y todos estos casos consideran penas, multas y hasta el cierre de periódicos si se transgreden estas pautas.
El libro define las leyes de insulto, que consagran el derecho de ciertos funcionarios a acusar penalmente a los periodistas y, en algunos casos, a los directores, ante las críticas, amenazas o injurias en su contra.
