Harris acusó a los representantes de las aseguradoras de mantener una estrecha relación con las autoridades encargadas de implementar el Decreto Ejecutivo 160 de 7 de junio de 1993, que dicta disposiciones sobre el particular.
Precisamente, ese decreto al igual que la Ley 14 de 26 de mayo de 2003, ambas sobre Tránsito y Transporte Terrestre, están pendientes de reglamentación, lo que para Harris es un claro indicio de que las autoridades no le quieren poner el "cascabel al gato".
Por su parte, Ricardo García, Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, indicó que esta dependencia no tiene constancia de que esta práctica se esté registrando en esta industria.
García aclaró que no existe para el usuario común un seguro obligatorio; y que son las entidades bancarias las que solicitan a los posibles clientes pólizas de seguros de auto para proteger su inversión en caso de siniestro como requisito.
"Solo el transporte público que incluye a los buses colegiales, selectivo, turismo y colectivo están obligado mediante la Ley de Tránsito a contar con una póliza que cubra daños a terceros y para pasajeros o pólizas de asiento", agregó.
Estadísticas de la Superintendencia de Seguros revelan que a la caja de las aseguradoras ingresaron el año pasado unos 68 millones balboas. De ese monto, devolvieron 42 millones en concepto de indemnizaciones.
"Si los accidentes bajan, la ganancia se dispara", señaló Harris, resaltando que las aseguradoras, por lo general, nunca tienen pérdidas.
A pesar que existen disposiciones claras que exigen el seguro obligatorio, las normas no se cumplen.
Se estima que cerca del 75% de las víctimas de los accidentes de tránsito o sus herederos no son indemnizados ni por la pérdida de sus bienes ni por las lesiones a su integridad.
En virtud de ello, el ex director de la ATTT recomendó como una acción complementaria a la reglamentación e implementación de las normas antes citadas, un buen sistema de revisado vehicular.
Según Harris, existe gran cantidad de autos que transitan en malas condiciones por las avenidas que deben ser sacados de circulación.
Aseguró que en Panamá hay cerca de 40 mil autos transitando en mal estado, porque los talleres que realizan esta labor no la practican con rigurosidad, puesto que no son supervisados adecuadamente.
En tal sentido, propuso la instalación a nivel nacional de seis plantas que presten el servicio de revisado vehicular, con miras a regular la actividad y controlar las emisiones de gases tóxicos.
"Todo dependerá de la voluntad de nuestros políticos", apuntó Harris, que como abogado tramita más de 100 casos de daños a terceros en los diversos juzgados de tránsito del país.
La actual ley, según Harris, permite que las personas responsables de algún accidente de tránsito se conviertan de solventes a insolventes quedando impunes porque no son debidamente sancionados.
Fue imposible conseguir una reacción de parte de los funcionarios de la ATTT.
