El Gobierno Nacional pretende establecer nuevas disposiciones legales para la comercialización, importación, transporte y almacenamiento de armas.
Para tal fin, se pretende adecuar los registros existentes y se establecerá un plazo de 12 meses para que toda persona que tenga un arma legal vuelva a inscribirla.
En el proyecto de ley presentado por el ministro José Raúl Mulino, se estipulan penas de arresto y sanciones hasta por B/20 mil por la violación a las normas, sin perjuicio de las sanciones existentes en el Código Penal.
La iniciativa además contiene sanciones para casos en los que la persona “realice escándalos en la vía pública con el arma”, aunque tenga permiso para portarla.
También, hay sanciones para quienes acumulen o mantengan armas en excesos en las viviendas particulares y se fijará un límite en la cantidad de municiones que pueda poseer cada propietario.
La propuesta establece sanciones para las personas sean sorprendidos entrenando a terceros o a los que no atiendan los letreros o indicativos de ingresar a algunos lugares sin portar armas, aunque estén registradas legalmente.
