La Universidad de Panamá (UP) pagará 5.7 millones de dólares en concepto de indemnización a profesores y administrativos, tras la implementación del nuevo sistema de retiro.
Hasta la fecha se han acogido a este mecanismo 110 docentes que tienen 75 años de edad y 400 trabajadores administrativos que han llegado a su edad de jubilación.
En el caso de los administrativos, el plan de retiro establece que serán cesados de sus funciones una vez lleguen a la edad de jubilación (57 años de edad las mujeres y 62 años los hombres).
El rector de la UP Gustavo García de Paredes calificó esta medida como sana, sobre todo para la institución, porque permite la renovación del personal educativo y se convierte en una oportunidad para aquellas personas que estudiaron en el extranjero, que vienen con las últimas técnicas en conocimiento científico y otras áreas de la educación universitaria.
“Con estas indemnizaciones, sobre todo a los educadores, la planilla nos ha bajado 650 mil dólares por mes”, destacó
García de Paredes indicó que esto permite que en el 2013 se cuente con los funcionarios administrativos que se necesita en los centros tecnológicos.
Ante esta situación, hay profesores y estudiantes que catalogan la medida como buena aunque persisten ciertas irregularidades en este proceso.
El catedrático y excandidato a la rectoría de la UP Eduardo Flores es uno de ellos, y aunque expresó que no ve mal que un docente reciba una compensación por su retiro, indicó que lo criticable con esta medida es que algunos funcionarios administrativos una vez separados y reciben su indemnización, son recontratados y los contratos no se dan a conocer de forma pública.
Flores también criticó la acción de poder recontratar a 50 docentes como máximo con la categoría de eméritos y que estos tendrán el mismo salario mensual con el que fueron separados.
Las autoridades se encuentran analizando 24 solicitudes de educadores que no tienen la edad necesaria pero quieren acogerse a la separación con la bonificación correspondiente.
En este punto, el rector explicó que la cantidad de docentes eméritos no debe superar los 50 y que la selección la hará de modo inicial la Junta de Facultad y será aprobado por el Consejo Académico Universitario.
Críticas.
Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal denunció que en esta medida existe extralimitación de funciones.
“El gasto de estos 5.7 millones de dólares que se están utilizando para esta separación de administrativos y docentes no corresponde a las necesidades que requiere la UP en instrumentos para un mejor desarrollo académico de los estudiantes”, dijo.
Agregó Bernal que el artículo 302 de la Constitución indica que los deberes y los derechos de los servidores públicos, así como los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones y jubilaciones serán determinadas por la Ley, por lo tanto, lo que se esta haciendo en la UP de sacar a administrativos y profesores para después recontratarlos es inconstitucional.
“Aunque estuviera en la edad de los 75 años para retirarme, no aceptaría esa bonificación” agregó el catedrático.
Por su parte el estudiante de la Facultad de Humanidades Braulio Magallón expresó que desde un punto de vista académico es buena la renovación de los profesores pero esto debe ir de la mano con un programa integral, donde el estudiante tenga una mayor participación en la vida universitaria, y no destinar tanto dinero en indemnizaciones para trabajadores administrativos y docentes.
Tras los cuestionamientos de algunos docentes y estudiantes, García de Paredes explicó que los profesores que fueron nombrados para reemplazar a los separados se escogieron de la base de datos de la UP, donde la mayoría de los que aparecen eran asistentes que cuentan con maestrías o doctorados.
Adicional al pago del retiro de docentes y administrativos, las autoridades tienen previsto destinar una parte del presupuesto de este año para implementar la segunda fase del plan de seguridad en ese centro de enseñanza superior.
