Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Auxiliar sobre la falsificación de una sentencia en donde se le rebajó la pena 60 a 40 meses de prisión a favor de Dangelo Dayan Ramea, señalan que la alteración del documento se pudo dar dentro de la Dirección de Sistema Penitenciario.
Una fuente ligada a la investigación reveló que hasta se han realizado inspecciones en el Centro Notificación Judicial, el Juzgado Segundo Penal y la cárcel de Tinajitas. También se indagó al reo Dangelo Dayan, pero se negó a declarar.
Reveló que también se tomó una declaración jurada al abogado Heriberto Vásquez, representante legal de Dangelo Dayan, y a una funcionaria de la cárcel de Tinajitas, quien brindó algunos detalles sobre las irregularidades detectadas, pero que luego fue traslada al Centro Femenino de Rehabilitación. Trascendió que en los próximos días se citará al director de la cárcel de Tinajitas, Manuel Torres, para determinar si existe alguna relación de funcionarios del penal con la alteración de los documentos a favor de los reos.
La denuncia fue presentada en este caso por el Juzgado Segundo Penal, tras detectar que la sentencia de 60 meses a Dangelo Dayan, había sido alterada y aparecía una sanción sólo de 40 meses, que aceleraba su salida de prisión. Trascendió que en las diligencias realizadas se incluyó pruebas caligráficas de los funcionarios encargados de tramitar las sentencias y la verificación de todos los sellos utilizados por el Juzgado Segundo y Decimocuarto Penal.
La falsificación de la sentencia ha sido calificada por agrupaciones de abogados como una burla a la justicia, luego de haberse realizado un juicio.
Esta acción buscaba vulnerar la administración de justicia con acciones que involucran la posible corrupción de funcionarios públicos. Previamente los funcionarios de la fiscalía acudieron al juzgado para verificar el trámite de las sentencias y analizar la escritura de algunos funcionarios encargados de comunicar a la Dirección de Sistema Penitenciario las sentencias. Las autoridades proyectan realizar una auditoría de las sentencias emitidas por los diferentes juzgados, para determinar si esta acción se venía realizando desde hace varios años.
