EL MINISTERIO de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de la empresa privada objetaron ayer parte del proyecto de ley que busca proteger a pacientes con enfermedades terminales como el cáncer, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y la insuficiencia renal.
El proyecto, presentado por el diputado Rogelio Paredes, fue discutido ayer en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional y tiene la finalidad de garantizar la permanencia en sus trabajos a pacientes con estas enfermedades que sean aún productivos.
Representantes del MEF presentes en la discusión del proyecto cuestionaron el artículo 8 de la propuesta que establece que las empresas que contraten a trabajadores con las enfermedades descritas en la ley, gozarán de un crédito fiscal, por considerar que estos ocasionarían un hueco fiscal al Estado.
Por su parte, Manuel Virgilo Aizprúa, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), aseguró que más que objeción al proyecto, su organización tiene algunas observaciones y una de ellas es que el Ministerio de Salud es quien debe darle el tratamiento gratuito a estos pacientes.
Además, dijo que los problemas de incapacidad de estos pacientes deben tratarse bajos los sistemas de supervisión social y del seguro social del país.
"En estos momentos, sobrecargarle costos y tener trabajadores no productivos a la empresa privada significaría ponerle otras obligaciones adicionales a este sector. La empresa paga sus impuestos y paga las cuotas de seguro social a fin de que esos casos sean atendidos", indicó.
Manifestó también que cuando una persona pierde su capacidad de trabajo, se tienen otras soluciones como solicitar la pensión por invalidez en la Caja de Seguro Social.
Leandro Avila, presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, dice que cuando se despide un trabajador terminal lo que se está haciendo es condenarlo a la muerte, porque éste no tendría trabajo, no tendría seguro social y no tendría cómo costear sus gastos médicos.
Sidera advierte que ya se prevé dar concesiones de extracción maderera por 25 años, lo que sí representa un peligro.
Agrega que el Tapón de Darién ya está "destaponado" por personas que son de otras áreas del país que pretenden sacar ganancia de la maltrecha región.
Sidera desestima que las enfermedades animales puedan entrar por esta área; pues considera que las mismas podrían provenir de los aeropuertos y puertos y no precisamente por la selva darienita.
Enfáticamente manifiesta que ¡este es un argumento muy pobre, para no dejar crecer la región!
