El dirigente de la Central de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), Guillermo Puga, advirtió ayer que el sector obrero seguirá manifestándose en las calles y no se dejará intimidar por las reformas al Código Administrativo que endurecerán las penas a las personas que atenten contra el orden público.
Puntualizó que mientras persistan las destituciones en el sector público, las violaciones a los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las protestas seguirán en las calles.
"Estas reformas no nos coaccionarán ni detendrán las acciones de protestas en las calles del país, porque es una ley que va en contra de los sectores populares", acotó Puga.
Subrayó que esta ley tiene un mensaje claro de afectar los intereses de la clase obrera a como dé lugar, al endurecer las penas por las manifestaciones y afectar el orden público.
Denunció que no ha habido mejoras para la clase obrera y prueba de ello, es que el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, tiene un proyecto de ley que buscar "tumbar todas las juntas de conciliaciones en el país".
"Esto significa que el tripartismo se va a acabar porque los fallos serán a través de los juzgados, por lo que proliferará la corrupción", recalcó Puga.
Indicó que si esto se elimina se violará el principio de libertad sindical y lo establecido a través de los Convenios 87 y 88.
El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Administrativo, para endurecer las sanciones a las personas que atenten contra el orden público durante protestas y manifestaciones, además de facultar a la Policía Nacional a disolver reuniones tumultuarias.
Según se conoció, que el propósito más importante de estas reformas es proteger el derecho de los terceros, que son afectados a cada rato por las manifestaciones, como daños a los vehículos, residencias e incluso, la integridad física de muchos ciudadanos que han estado en peligro durante las manifestaciones.
También se sancionarán a quienes sean sorprendidos pintando caricaturas, dibujos o manuscritos en muros y paredes que sean propiedad privada o pública.
