El Ministerio Público dio una medida cautelar a los tres últimos obreros del Sindicato Unico de la Construcción y Similares (SUNTRACS) arrestados el pasado martes por intentar un cierre de calles a la altura de la Contraloría General de la República y los liberó, pero decidió un proceso penal por los delitos de irrespeto a la autoridad y obstrucción de servidores públicos.
Los obreros liberados Eriberto Marques, Erick Santimateo y Manuel Rivas señalaron a su salida de la fiscalía que continuarán participando de las acciones iniciadas por el SUNTRACS en rechazo al salario mínimo establecido por el gobierno y que fueron objeto de una represión feroz por parte de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional.
Por su parte, los abogados Antonio Vargas y Jacinto González, representantes legales del SUNTRACS, revelaron que los obreros fueron puestos en libertad, luego que la Fiscalía Decimocuarta determinara que los delitos imputados no contemplan detención preventiva y los citara para el próximo martes para tomarles declaración jurada sobre sus acciones durante el cierre de calles.
Explicaron que los tres obreros detenidos fueron objeto de una manipulación por parte de las unidades policiales, que inicialmente los llevaron a la sede de la Policía, luego los trasladaron al Juzgado Nocturno que declinó al Ministerio Público, ya que no tenía competencia para conocer los cargos imputados y que en ese proceso se les mantuvo bajo arresto por 24 horas.
Detallaron que las acusaciones efectuadas contra los miembros del SUNTRACS son peligrosas, ya que cualquier persona que participe de una manifestación y grite consignas puede ser acusada de faltarle el respeto a la policía u otros funcionarios gubernamentales que puedan sentirse aludidos.
A juicio de ambos abogados las autoridades gubernamentales están buscando un pretexto para aplicar una dura sanción a los miembros del SUNTRACS que participen en acciones de fuerza para reivindicar sus derechos.
Sostuvieron que es una jugada legal para ver en donde "pescan" una sentencia condenatoria contra los miembros del SUNTRACS para dar un "escarmiento" ante la opinión pública general para amedrentar a quienes intenten luchar por sus conquistas.
En tanto Génaro López, secretario general del SUNTRACS, dijo que continuarán con sus acciones de protesta para demostrar su insatisfacción por el ínfimo aumento salarial establecido unilateralmente por el gobierno.
Además, el director general de Trabajo, Luis Cedeño, denunció ayer que miembros de su familia han recibido amenazas de muerte, precisamente luego de que presentó una querella contra el secretario de defensa del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CoNUSI), Saúl Méndez, y otros siete sindicalistas, porque supuestamente lo retuvieron, contra su voluntad, en su despacho.
Cedeño hizo la denuncia ante los medios de comunicación, después de informar que había recibido el polémico pliego de peticiones que presentó el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vestido y Afines (STIVA). Cabe señalar que la Dirección General de Trabajo no recibió, este lunes, dicho pliego de peticiones, al considerar que necesitaba correcciones, lo cual causó molestias y acciones de presión de Saúl Méndez y de los miembros del STIVAS, y esto, a su vez, originó la presencia de la Policía Nacional.
Revisamos la documentación y tenían algunas cosas que corregirse, ahora que ya hicimos las correcciones al pliego de peticiones, en el cual presentan algunas quejas laborales, podemos recibirlo en debida forma, dijo Cedeño.
Por otra parte, el funcionario afirmó que sus hijas recibieron una llamada anónima, en la cual dijeron que "su papá se las iba a pagar y que se fueran de allí, porque en cualquier momento llegaban a hacerle un daño".
"Mis hijas han recibido amenazas y están en gran zozobra en estos momentos... yo puedo enfrentar cualquier amenaza y cualquier situación, pero con mi familia no se deben meter", manifestó.
Por su parte, Saúl Méndez indicó que el director general de Trabajo debe presentar las pruebas de esas amenazas, porque no se puede estar denunciando alegremente a la gente por ese tipo de delitos.
El dirigente sindical adelantó que presentará una denuncia penal contra Cedeño, "porque me acusó falsamente y no cumplió con su deber como funcionario". " Todo lo que se montó fue una vulgar mentira y ahora vamos contra él, pero en el aspecto legal", dijo Méndez.
Igualmente, destacó que al retrasar el recibimiento del pliego de peticiones del STIVA, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral le dio "chance" a la empresa Intimate a despedir a 40 trabajadores. El MITRADEL permitió estos despidos y por eso no aceptó el pliego de peticiones el lunes", sustentó Méndez, designado por la CoNUSI como asesor sindical del STIVA.
