La militarización del servicio de seguridad del Estado que ejecuta el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, ya suma ocho jefes de alto mando.
Solo esta semana trascendió otra asignación del presidente en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que estará a cargo de Alejandro Melo Tuñón, quien fue egresado como subteniente del colegio militar de Argentina.
Ello, tras la salida del ahora ministro de seguridad pública, Alexis Bethancourt, quien también es militar de carrera.
Críticos del Gobierno aseguran que quien podría estar detrás de estos nombramientos es el militar Rolando López (alias "Picuiro"), secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, a quien se señala de propiciar el "espionaje" y armar expedientes contra colaboradores de la anterior administración.
Esto le ha permitido asignar a figuras con formación militar en otras entidades como el Servicio de Protección Institucional (SPI), Policía Nacional, Aduanas, Migración y el Sistema Penitenciario.
En la policía asumió Omar Pinzón y en el SPI, el comisionado Eric Estrada; en Aduanas, el mayor Humberto Macea, miembro del movimiento golpista de 1988, además de Fernando Quesada y Clarence Green, en Migración.
Poco a poco, el presidente ha ido probando la aceptación de los panameños a las figuras militares, planteó el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, al señalar que "es una especie de ensayo".
Estas tácticas no solo comprenden la designación de jefes de carrera, sino también la creación de otras instancias que tendrán, a su vez, mayor poder para realizar labores de investigación militar.
Solo ayer fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 324 del 19 de julio de 2016, que crea el Departamento y Comité de Prevención contra el Terrorismo.
La creación de dicha instancia fue justificada en que será para "enfrentar y prevenir posibles amenazas de actividades de terrorismo y su financiamiento".
No obstante, asume atribuciones que son calificadas dentro del grado de espionaje, al otorgarse la potestad de "recopilar información de las instituciones públicas, relacionadas con personas naturales o jurídicas con posibles nexos al terrorismo".
Además elaborará una lista de personas que serán investigadas por terrorismo y su financiamiento.
