El Estado panameño tiene un plazo de un mes, dado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, para responder a la demanda presentada por los familiares de víctimas de la dictadura militar.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio traslado al gobierno panameño de la documentación donde se exige la reparación económica y moral de las familias de las víctimas.
En la nota fechada el 24 de enero la OEA manifiesta que se le ha solicitado al gobierno que haga su propuesta a los familiares en este plazo para llegar a una solución, evitando un proceso prolongado.
La Comisión de la Verdad acreditó 111 víctimas en su informe final entregado al gobierno y ha reiterado su disposición de llegar a un acuerdo amistoso entre las familias y el Estado panameño.
Jacinto González, abogado de la Comisión de la Verdad, dijo que los 111 casos de las víctimas han sido incluidos en la denuncia presentada ante la OEA y esperan un resultado favorable por las muertes registradas entre los años 1968 y 1990.
