La próxima semana llegará al país una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar detalles sobre el supuesto trasiego de armas desde Centroamérica hacia grupos insurgentes colombianos, informó ayer la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Tanto los gobiernos de Nicaragua como el de Panamá han vertido informes contradictorios sobre la supuesta venta de armas a grupos insurgentes de Colombia. "Estamos esperando que la próxima semana llegue un grupo de la OEA para que nos brinde un informe sobre este asunto", acotó.
Detalló que hasta el momento el organismo no ha brindado ninguna información al Gobierno panameño ni se ha determinado la vinculación de nadie. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, aseguró que acudirá a declarar de ser citado por el Ministerio Público, dentro de las investigaciones que se adelantan por el trasiego de armas hacia Colombia.
Afirmó que tanto la Policía Nacional como el Organo Ejecutivo nada tienen que ver con el supuesto trasiego de armas con destino a grupos insurgentes colombianos.
"Nosotros somos libros abiertos en este caso y mi persona tampoco tiene nada que ver con esto", argumentó. Detalló que los controles para la compra de armas en la Policía Nacional siempre han existido, lo que sucedió fue que en otros lugares las cosas no se hicieron como debieron.
Adelantó que dentro de la Policía Nacional nadie ha sido detenido ni separado de su cargo producto de las investigaciones, por lo que esperan el resultado que dará el Ministerio Público.
Los gobiernos de Nicaragua y Panamá acordaron crear una Comisión de Alto Nivel para investigar y aclarar el supuesto tráfico ilícito de armas desde Centroamérica hacia Colombia.
La comisión deberá aclarar los informes contradictorios que han surgido sobre el tema de la venta de armas y determinar dónde estuvieron los "errores en esta transacción".
Las autoridades panameñas han reiterado que jamás solicitaron la compra de ningún cargamento de armas a Nicaragua y advirtieron que irán hasta las últimas consecuencias a fin de determinar si existen nacionales vinculados al tráfico de armas desde Centroamérica hacia Colombia.
El ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, acusó a Nicaragua de no cumplir el trámite interno jurídico establecido para la compra y venta de armas.
También se designó una comisión de la OEA que deberá investigar el supuesto trasiego de armas desde Centroamérica hacia Colombia.
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