Washington.- "Respeto por la libertad de expresión es un elemento crítico e indispensable para el funcionamiento un auténtico sistema democrático", declaró ayer el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman.
El profesor Grossman, decano de la Facultad de Derecho de American University de esta capital, fue entrevistado telefónicamente por El Panamá América a su regreso de Fortaleza, Brasil, donde participó en la reunión bianual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Preguntado sobre los problemas que afligen a los medios informativos en Panamá, el catedrático prefirió no comentar, al señalar que el comité ha sido invitado por el gobierno panameño para estudiar la situación de los derechos humanos "en el terreno".
"Nosotros somos un cuerpo judicial", explicó al referirse a los siete miembros del Comité, todos electos por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos por sus virtudes personales y no por razones geográficas. "En esa capacidad, no podemos emitir juicio sin haber hecho un estudio previo, que por cierto se hará cuando se realizará la visita a Panamá".
Otras fuentes cercanas al comité informaron a este corresponsal que lo más probable es que el influyente grupo visite Panamá en junio, inmediatamente después de la Asamblea General de la OEA, que este año se celebra en la vecina Costa Rica.
La tarea específica de vigilar la conducta de las autoridades panameñas con relación a la libertad de expresión está a cargo del Relator Especial de la OEA, Santiago Cantón, que dedicó el día de ayer a recoger información directamente de sus contactos en Panamá, según indicaron funcionarios de esa dependencia.
"Está en tren de obtener informaciones de primera mano antes de emitir un informe con respecto a los recientes acontecimientos", declaró un funcionario al referirse a los proceso de injuria que varios funcionarios del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso han iniciado contra dos reporteros y un fotógrafo de El Panamá América.
La OEA también abordó otro tema igualmente central para el florecimiento de la democracia en el continente, que es el flagelo de la corrupción, con la inauguración de una reunión de expertos gubernamentales convocada para preparar una conferencia hemisférica sobre la materia que se celebrará en mayo en Buenos Aires.
Mauricio Alice, el representante alterno de Argentina que presidió la reunión, expresó que la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en 1996, "continua siendo en este hemisferio una herramienta colectiva fundamental para la edificación del buen gobierno en las Américas".
Un alto funcionario que ha seguido de cerca el proceso de implementación de la convención desde que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA celebrada en Caracas en 1996, explicó que "en concreto, uno de los primeros objetivos de la reunión será concentrarnos en combatir al soborno de los funcionarios públicos".
"Lamentablemente", continuó, "en Latinoamérica el soborno tuvo un auge gracias a las privatizaciones que vinieron con la adopción de la política de libre mercado en nuestros países. Ahora es preciso combatir a los sobornados así como a los sobornadores."
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