La Organización de Estados Americanos (OEA) entregará a principios del mes de diciembre, el informe de la investigación sobre el supuesto desvío de armas de guerra desde Nicaragua hacia Colombia.
El representante especial para la investigación de las armas, Morris Busby, informó que debido a la extensión del informe, cuyo original se redactó en inglés, por el volumen de los anexos, el proceso de traducción al español y el cotejo de las dos versiones, requerirá de tiempo adicional para su elaboración y entrega a los gobiernos de Nicaragua, Panamá y Colombia.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores detalla que la entrega del informe estaba previsto para el pasado 20 de noviembre, pero el volumen del mismo lo ha impedido.
La anterior información fue suministrada por el secretario adjunto de la OEA, Luigi Einaudi al canciller José Miguel Alemán, quien reiteró que cuando el informe sea entregado se dará a conocer a los medios de comunicación.
El Gobierno Nacional estuvo a la espera de la visita de una delegación de la OEA, la cual investigaría detalles sobre el supuesto trasiego de armas desde Centroamérica hacia grupos insurgentes colombianos.
Tanto los gobiernos de Nicaragua como Panamá han vertido informes contradictorios sobre la supuesta venta de armas a grupos insurgentes de Colombia, ya que ambos países han sido vinculados a este ilícito.
Ayer también el procurador Sossa envió una nota a los funcionarios de instrucción y de la PTJ prohibiéndole dar declaraciones a la prensa sobre las investigaciones que adelantan y en especial a las vinculadas con los pinchazos telefónicos.
Se mantiene autonomía administrativa y financiera para el mejoramiento de la eficiencia permitiendo que se adecue a la demanda actual y futura de los servicios. La junta directiva tomará sus propias decisiones y contará con la participación de los usuarios, las líneas aéreas, comerciantes y los trabajadores.
El viceministro de Economía destacó por otra parte que lo que se está pensando es muy parecido en la Empresa de Transmisión eléctrica (ETESA), donde la ley no contempla que un determinado ministro o director sea miembro de la junta directiva.
En esta fase se debe proceder legalmente a la cancelación de la licitación para la concesión, que ya está previsto, además se establecen las prioridades estratégicas para el sector aeronáutico y las acciones específicas para el proyecto de corporatización.
Está en ejecución un plan de medidas para mejorar las estructuras de Tocumen, la actualización del marco legal, reorganización de las entidades, autogestión financiera, plan nacional de transporte aéreo, fortalecimiento de la imagen institucional, adicionalmente se debe tomar en cuenta un plan de transición, ya que habrá variaciones.
