La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) elevó formalmente su queja al ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, de que a este gremio no se le consultó sobre el Decreto Ejecutivo que obliga a que en los proyectos de construcción haya oficiales de seguridad.
Según CAPAC, las medidas que allí se establecen no resuelven en el fondo los problemas en esa materia, incluso advierten que "pareciera tenerse como objetivo recaudar fondos para sufragar el costo de una función pública, que corresponde esencialmente a las autoridades del Gobierno".
"Es a las empresas constructoras a quien corresponde designar dentro de su estructura administrativa a los oficiales de seguridad en cada obra, por lo que consideramos que el método de designación y la asignación de funciones operativas en las obras, tal como ha sido regulada, representa una intromisión del Gobierno en los asuntos internos de la empresa privada", advierte CAPAC.
Al respecto, Carlos Salazar, director de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo, aclaró que la Comisión Tripartita elabora un reglamento de seguridad, mientras que el Decreto Ejecutivo establece una ley. Por ello recordó que los reglamentos están por debajo de los decretos y que es potestad del Ejecutivo dictarlos.
"Si la CAPAC hubiese adoptado por su cuenta el oficial de seguridad, el Ejecutivo no lo hubiese decretado", expresó Salazar, quien comentó que lo que sucede es que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares "(SUNTRACS) tiene en su proyecto la política, mientras que CAPAC no quiere poner plata".
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