Para tal fin, se crea el Fondo de Seguridad Ocupacional, que será un aporte que hará el promotor para cubrir los gastos de los servicios de seguridad ocupacional que habrá en cada obra, mediante una tarifa entre B/.10 mil a B/.100 mil de acuerdo a la magnitud del proyecto.
El oficial de seguridad ocupacional podrá suspender una obra si considera que la misma no brinda las condiciones para garantizar la seguridad del trabajador.
Al respecto, la dirigencia sindical, aunque vio con buenos ojos la iniciativa, dijo que ningún oficial paralizará una obra si el que paga su salario es el promotor de la misma.
Esta propuesta se analiza en otros países de la región.
Además resaltó la importancia de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos se relacionen mayormente con los asuntos gubernamentales y ejerzan una auditoría de la cosa pública.
En la Asamblea Nacional se presentó una denuncia contra Vargas por supuesta violación de los derechos humanos de una ciudadana asiática.
Para Vargas se tratan se señalamientos con fundamentos políticos que buscan afectar su imagen.
Se considera una persona con altos estándares éticos.
