El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, pedirá al Estado que acate la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que adelanta la empresa AES Changuinola, tras la medida cautelar a favor de las comunidades de Charco La Pava, Guayabal, Valle del Rey y Changuinola Arriba que presentó hace ocho días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ‘Ombudsman’ también le exigirá que entregue un informe, a la brevedad, sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.
Según Vargas, la situación presentada en las comunidades afectadas por la construcción de Chan 75 demuestra la ausencia del Estado en el desarrollo del proceso y la desatención social de las autoridades de tutelar de manera efectiva los derechos humanos de las comunidades involucradas.
Propondrá que se produzca, cuanto antes y de manera impostergable, un diálogo entre el Estado, la empresa AES Changuinola y los afectados, para buscar una solución al problema que procure el respeto de los derechos humanos de las comunidades Ngöbe Buglé que allí habitan.
