El hecho de que Guillermo Ferrufino, quien se encuentra en la mira de las autoridades por el delito de enriquecimiento ilícito, no haya declarado totalmente sus bienes, enciende las alarmas que pudieran alcanzar hasta funcionarios del actual gobierno.
Se trata de una figura delictiva tipificada en el Código Penal como falsedad ideológica, la cual establece sanciones hasta por 8 años de prisión para quienes no declaren en su totalidad sus bienes, al momento que entran al cargo y cuando salen de este.
Un hecho similar ocurrió con el actual presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, quien al llegar al cargo no declaró entre sus bienes dos negocios patrimoniales: un restaurante y una emisora.
En ambos casos, argumentó en su momento Valderrama, estaban a nombre de su esposa.
Investigación
Para Juan Carlos Araúz, constitucionalista y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, un hecho como este puede ser investigado de oficio por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, por tratarse de funcionarios de alto perfil, como un diputado de la República, que tienen un procedimiento judicial especial, se requiere de una denuncia ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia.
En la Escritura Pública número 4,187 del 14 de julio, Valderrama declaró bajo la gravedad de juramento sus cuentas, bienes inmuebles, ingresos anuales y autos, pero en ningún lado aparece lo del restaurante y la emisora.
Sin embargo, Araúz comentó que durante un proceso judicial debería establecerse que esa omisión de sus bienes fue intencional, de lo contrario cae únicamente en una falta administrativa.
Ernesto Cedeño, constitucionalista, comparte esta opinión jurídica y agrega que sería la Contraloría General de la República la que vendría a determinar si la acción del funcionario en no declarar un bien fue por omisión o por interés de querer ocultar algo con intención de cometer otros delitos más graves, como enriquecimiento ilícito.
El proceso Ferrufino
Pese a que contra el exministro de Desarrollo Social (Mides), Guillermo Ferrufino, no existe una investigación directa por enriquecimiento ilícito, en la Fiscalía Primera Anticorrupción realizaron una segunda medida de aprehensión de bienes.
Este miércoles, los funcionarios de instrucción le aplicaron restricción comercial a las casas del exfuncionario que quedan en Albrook y Boquete.
La semana pasada ya habían aplicado la aprehensión de las fincas que tiene Ferrufino en Coronado y La Chorrera.
“Se trata de una medida de aseguramiento”, reveló una fuente judicial.
Guillermo Ferrufino rompió el silencio y habló a Telemetro Reporta.
Allí presentó documentación que acredita que obtuvo sus propiedades por medio de préstamos hipotecarios, los cuales serán pagados poniendo en garantía cuentas bancarias, negocios familiares y un terreno que heredó de su padre y que se encuentra en el distrito de La Chorrera.
Sociedad civil guarda silencio ante ataque familiar contra exministro
Incluir a las familias y principalmente a los niños en casos de corrupción que los medios de comunicación están averiguando podría constituirse en un acto contra los derechos humanos de los menores.
Así lo analiza Toribia Venado, activista de los derechos humanos de las mujeres y las familias.
Venado, quien ocupó la subdirección del Instituto Nacional de la Mujer y quien fue la primera viceministra de asuntos indigenistas en la cartera de Gobierno, considera que la llamada sociedad civil tiene la obligación de salir a cuestionar este tipo de situaciones que se deslindan ante la opinión pública.
“Por eso es que se llama sociedad civil, no puede dejar de un lado a los sectores vulnerables, como son los niños, adolescentes y personas con discapacidad”, destacó Venado.
Organismos como Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Colegio de Abogados han guardado silencio ante el hecho de involucrar al hijo mayor de Ferrufino en este escándalo.
Casos similares que no han sido cuestionados por la sociedad civil
- Las reacciones de quienes critican este tipo de justicia selectiva
- Caso Beby Valderrama
- En la Escritura Pública número 4,187 del 14 de julio de 2014, Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, declaró bajo la gravedad de juramento sus cuentas, bienes inmuebles, ingresos anuales y autos, pero en ningún lado aparecen otras propiedades como negocios; entre ellos un restaurante y una emisora que son parte del patrimonio familiar. Podría incurrir en el delito de falsedad ideológica, la cual establece sanciones dentro del Código Penal que van de cuatro a ocho años de prisión. Valderrama no ha hechos los descargos ante estas acusaciones, pese a los ingentes esfuerzos que ha hecho Panamá América por contactarlo.
- Sociedad civil, enmudecida
- Hace un año, organismos de la sociedad civil, entre ellos organismos como Justicia y Paz se pronunciaron y hasta aplicaron una sanción moral de censura contra el diario Panamá América por colocar publicaciones de un proceso de pensión alimenticia contra un funcionario, medida que no han emulado en el caso del exministro del Mides, Guillermo Ferrufino. Para Toribia Venado, exsubdirectora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), la sociedad civil es el reflejo de la opinión pública del país y no debe tomar una actitud de selectividad de cuestionar unos casos y guardar silencio en otros hechos similares.
- 8 años de prisión es la pena máxima para el funcionario que intencionalmente no declare todos sus bienes.
